En efecto, juego y las apuestas, en cualquiera de sus modalidades, incluidas las que se realizan “on line”, constituyen actividades que pueden conducir a comportamientos patológicos debido a los trastornos que generan, hasta el punto de que pueden llegar a producir formas de adicción no tóxicas o sin sustancia, pero que, al fin y al cabo, crean adicciones muy perjudiciales para las personas que las sufren y sus entornos, especialmente sus familias.
Un ejemplo de la importancia creciente del problema individual y social de este tipo de adicciones lo pone de manifiesto el hecho de que en Castilla y León, en el año 2011, estuvieron aquejados de trastornos psicológicos menos de 500 personas; sin embargo, solo hasta octubre de 2019 ya fueron tratados por estos trastornos más de 1.100. El problema, pues, es creciente.
La Comunidad de Castilla y León ostenta la competencia exclusiva en materia de casinos, juegos y apuestas, excepto loterías y apuestas del Estado. Consecuentemente, nuestra Comunidad Autónoma se ha dotado de su propia normativa reguladora en la materia, constituida por la Ley de juegos y apuestas, aprobada en 1998, reformada posteriormente, así como por diversos reglamentos específicos sobre algunos tipos de establecimientos y juegos (casinos, bingos, máquinas y salones de juegos…).
Por lo tanto, es importante destacar que la Comunidad de Castilla y León ya dispone de normas que regulan los juegos y apuestas y en ellas se contienen disposiciones dirigidas a prevenir los efectos adictivos del juego y, en su caso, combatirlos; disposiciones que la Administración autonómica viene aplicando desde hace años.
No obstante, como resultado de la investigación llevada a cabo, la Defensoría ha llegado a la conclusión de que hay margen para mejorar las medidas actualmente previstas para prevenir y combatir los efectos indeseados que produce en una parte de la población la práctica del juego; de manera que se ha incidido en la necesidad de revisar la normativa de Castilla y León con objeto de adaptarla a las nuevas modalidades de juego y apuestas que van apareciendo, así como a la proliferación de establecimientos y plataformas electrónicas para practicarlos, teniendo muy en cuenta las consecuencias adictivas que producen y las conductas de personas y colectivos vulnerables, tales como los menores, jóvenes adolescentes o quienes tienen alteradas sus facultades volitivas. De manera que, entre otras medidas, el Procurador del Común ha propuesto:
- Ampliar la distancia -ahora de 100 metros- de los establecimientos de juego y apuestas que se pretendan instalar en relación con cualquier tipo de centro educativo. Además, que esa distancia, superior a 100 metros, se exija no solo en relación con los centros educativos, sino también con lugares de permanencia habitual de menores, jóvenes y personas vulnerables, como, por ejemplo, los centros culturales, polideportivos, áreas comerciales…
- Evitar concentraciones de lugares de juego y apuestas en una misma zona, mediante la ampliación de la distancia de 300 metros, prevista actualmente, entre dichos establecimientos; medida con la que indirectamente también se conseguiría evitar la proliferación de los mismos.
- Limitación de las formas y contenidos de la publicidad de las casas de juego y apuestas, de forma que fuera completamente aséptica; es decir, por ejemplo, sin relacionar estas actividades con personas populares o de éxito en la sociedad.
- En relación con los juegos y apuestas que se practican de forma remota, se deberían impedir demostraciones o pruebas ficticias, sin apuesta real, para evitar la ilusión “de lo que se hubiera ganado”.
- Desarrollar la Ley de juegos y apuestas de Castilla y León para dotar a la Administración autonómica de personal propio que realice las actuaciones de inspección y control de las actividades de juego y apuestas.
- Incrementar la sensibilización y concienciación de la sociedad sobre los problemas reales que puede generar la práctica irresponsable del juego, especialmente la ludopatía, prestando especial atención a los grupos de riesgo.
- Formar a profesionales de la salud, de la educación, servicios sociales… en los peligros de adicción que puede generar la práctica de juegos y apuestas.
- Mantener e incrementar el contacto con las asociaciones implicadas en la prevención y tratamiento de las adicciones que provoca el juego.
