El colectivo de profesionales de atención a personas con discapacidad firmó el convenio que funciona en la actualidad en 2012, en plena crisis, por lo que debido a la situación, los profesionales aceptaron un convenio de pérdidas y de congelación de salarios. Sin embargo, seis años después y con una mejoría notable de la economía española, los profesionales no han visto revertido esto en sus condiciones.
Actualmente, sus salarios han sufrido una pérdida del poder adquisitivo, ya que desde 2010 solo han tenido una subida del 2% cuando el IPC lo ha hecho en casi un 7,5% acumulado; hasta un 60% perciben el Salario Mínimo Interprofesional de 735,90 euros al mes, y aquellos que trabajan en centros asistenciales apenas alcanzan los 900 euros. Sin embargo, las quejas no afectan únicamente al salario, ya que la obligación de tener una disponibilidad total hace que estos profesionales tengan unas condiciones bastante irregulares, lo que dificulta en gran medida la conciliación.
En Castilla y León hay alrededor de 12.000 trabajadores afectados, de los que unos 5.500 tienen contratos de personas con discapacidad. En el caso de Salamanca, son 1.300 personas, de las que 500 tienen contratos subvencionados por discapacidad. No es dato baladí, puesto que, según explicaba Manuel Estadio, de Comisiones Obreras, las empresas perciben subvenciones públicas y tienen acuerdos con particulares, lo que les proporciona “ingresos potentes”.
Según Manuel Estacio, “es el momento de recuperar los derechos perdidos”. Hasta el momento ha habido cuatro reuniones, y la semana que viene habrá una nueva en la que esperan propuestas por parte de las patronales. Los trabajadores, por su parte, han hecho movilizaciones a lo largo del mes de abril en toda España, y esta semana se están llevando a cabo en Castilla y León. Este jueves es el turno de Salamanca, donde han celebrado una movilización junto a los trabajadores de Zamora y Ávila a las 18 horas frente a la Subdelegación del Gobierno.
El objetivo es negociar un nuevo convenio que regule el sector en el que se recupere el poder adquisitivo para que los salarios sean superiores a los 1.000 euros, que la jornada semanal se corresponda con el cómputo anual, la compensación de circunstancias especiales en determinados puestos de trabajo, la vuelta del complemento por antigüedad en la empresa y la promoción profesional.
