El Consejo de Ministros aprobó este martes en primera vuelta el anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, presentado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que busca reforzar la protección de las personas consumidoras y el medio ambiente. Entre sus medidas más destacadas se encuentra la prohibición de la publicidad de vuelos cortos cuando exista una alternativa menos contaminante con una diferencia de duración no superior a dos horas y media, así como la prohibición de la publicidad de combustibles fósiles y vehículos impulsados exclusivamente por ellos.
El ministro Pablo Bustinduy explicó que esta ley tiene como objetivo promover un consumo consciente y responsable, fomentar la reparación de bienes y garantizar información clara y fiable sobre las características medioambientales de productos y servicios. El anteproyecto también transpone dos directivas europeas relacionadas con el empoderamiento para la transición ecológica y el derecho a reparar.
Entre las prohibiciones más relevantes, destaca la eliminación de publicidad sobre productos energéticos compuestos exclusivamente por derivados fósiles, afectando especialmente al sector del carbón y el petróleo, aunque quedando excluido el gas. Además, se restringirá la publicidad de vuelos cortos en trayectos peninsulares cuando exista una alternativa más limpia sin que el viaje se prolongue más de dos horas y media.
La ley también abordará la regulación de la llamada "publicidad del miedo", que utiliza escenarios extremos para influir en la percepción de riesgo de los consumidores, y combatirá el “ecopostureo” o greenwashing, prohibiendo afirmaciones medioambientales genéricas no verificables en etiquetas y publicidad.
En materia de obsolescencia programada, la norma aumentará el plazo legal de garantía para reparaciones, obligará a productores y comercializadores a asumir parte del coste de reparación tras la garantía y promoverá plataformas online para facilitar el acceso a servicios de reparación confiables. Asimismo, prohibirá ocultar información sobre actualizaciones de software que puedan afectar negativamente el funcionamiento de los productos.
El anteproyecto también incluye medidas para limitar la reventa abusiva de entradas y regular la práctica comercial conocida como reduflación, que consiste en disminuir la cantidad o contenido de un producto sin informar al consumidor, manteniendo o aumentando el precio.
Tras esta aprobación inicial, el texto entrará en fase de audiencia pública antes de regresar al Consejo de Ministros y ser remitido al Congreso para su tramitación definitiva.
