Las Cortes han aprobado una Proposición no de Ley, presentada por el PSOE y defendida por el procurador socialista Fernando Pablos, por la que la Junta de Castilla y León deberá colaborar económicamente con las mancomunidades y ayuntamientos de esta provincia, "siempre que sea preciso en relación con los problemas evaluados y las decisiones a adoptar, realizando las inversiones que sean necesarias con el fin de garantizar que el agua suministrada para consumo humano cumpla los requisitos establecidos en el Real Decreto 3/2023 que establece los criterios técnico-sanitarios de la calidad de esta agua, su control y su abastecimiento".
Esta normativa, ha explicado el procurador salmantino en defensa de la iniciativa, contempla la reducción de las cantidades admisibles de plaguicida en los análisis periódicos que deben realizarse. Textualmente, ha explicado Pablos, en la parte B (parámetros químicos) del Anexo 1 de este Real Decreto se establece que "El valor de 0,1 μg/L se aplicará a los plaguicidas controlados que hubieran estado autorizados en el año anterior. Si el plaguicida controlado está prohibido o no autorizado u otra situación distinta a la autorización, su valor paramétrico deberá estar por debajo de 0,03 μg/L. En el caso de detectarlo se avisará inmediatamente a la autoridad sanitaria y a la Confederación Hidrográfica. El límite de detección será siempre inferior a 0,03 μg/L".
Esta reglamentación, ha incidido Pablos, “de obligado cumplimiento y que garantiza seguridad alimentaria en el consumo humano de agua”, ha supuesto dificultades este verano en el abastecimiento de agua en diferentes mancomunidades de la provincia de Salamanca.
En este sentido, el parlamentario socialista ha recordado casos como los sucedidos en las Mancomunidades de Municipios "Comarca de Ledesma" y “Cabeza de Horno” donde a los ayuntamientos que forman parte de las mismas se les comunicó por parte de las autoridades sanitarias, concretamente el pasado mes de julio, que el agua que salía por sus grifos no era apta para el consumo humano por contener un valor o unos índices de plaguicidas superiores a los permitidos por la norma anteriormente referida.
De igual manera, Fernando Pablos, al Estatuto de Autonomía de Castilla y León donde en su artículo 75, apartado 4, se establece textualmente que "la Comunidad tiene competencia exclusiva, cuando las aguas discurran íntegramente dentro del territorio de Castilla y León, en materia de proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; aguas minerales, termales y subterráneas, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos" además, ha insistido, en ese mismo apartado se determina que "es un principio rector de la acción política de la Comunidad la garantía del abastecimiento de agua en condiciones de cantidad y calidad suficientes para atender las necesidades presentes y futuras de los castellanos y leoneses".
Pablos, en base a todo esto, ha evidenciado que la normativa actual sobre calidad de agua de consumo humano requiere inversiones en los sistemas de abastecimiento de agua “que superan en muchos casos la capacidad económica de ayuntamientos y mancomunidades” y que, a pesar de ser una normativa de carácter europeo, previsible por ser anunciada y aprobada desde hace mucho tiempo no se tenía constancia de que hubiera habido acción alguna por parte de la Junta de Castilla y León para confrontarla, ya sea en términos de prevención mediante actuaciones en sistemas de captación, o por la imposición de controles en el exceso de efluentes químicos a los cauces fluviales, más aún, no existía constancia de acción alguna de la Junta de Castilla y León, ya sea de manera directa o delegada en la Diputación de Salamanca, para solucionar los problemas cada vez que se iban produciendo los problemas de este verano y se declaraba, en centenares de municipios de la provincia, que el agua no era apta o potable para el consumo humano".
