El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca reitera su denuncia sobre el abuso de los contratos “a dedo” por parte del equipo de Gobierno municipal, integrado por PP y Ciudadanos, y asegura que un informe técnico, elaborado y emitido esta semana por el área de Intervención, da la razón al PSOE en este mismo sentido tras analizar de manera detallada los contratos menores formalizados en el año 2020.
Según este informe de control interno realizado por los servicios municipales, el Consistorio salmantino celebró en 2020 hasta 1.007 contratos menores por un importe superior a los 3,5 millones de euros, cifras “que hacen dudar del carácter puntual que debe tener esa contratación”. Del montante total, casi el 48 % son por servicios, el 29 % por suministros y el 23 % por obras. De todos los departamentos que han tramitado este tipo de contratación durante dicho ejercicio, la Alcaldía es el que acumula un mayor número de contratos menores, con 146, cantidad que representa el 14,50 % de la totalidad. Todo ello, además, sin tener en cuenta los contratos menores efectuados por otros entes dependientes como la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes; la Sociedad de Turismo, Comercio y Promoción Económica, o el OAGER.
Las administraciones públicas pueden utilizar contratos menores con carácter excepcional y para atender necesidades puntuales, sin convertirlos en una forma de contratación ordinaria ni usarlos para evitar otras fórmulas de contratación más transparentes. La cuantía máxima de cada contrato menor, excluyendo el IVA, no puede exceder los 40.000 euros cuando se trate de contratos de obras ni los 15.000 cuando en el caso de contratos de suministro o de servicios. Su duración no puede ser superior a un año, no pueden prorrogarse ni tampoco es posible fraccionar un contrato para disminuir su cuantía y eludir los requisitos de publicidad o evitar un procedimiento de adjudicación abierto al que puedan concurrir libremente y en igualdad de condiciones todas las empresas interesadas con las exigencias técnicas y económicas requeridas.
Del total de contratos menores objeto de la fiscalización, Intervención realiza un muestreo para comprobar aspectos más concretos de 41 expedientes, de los que uno de cada cuatro contratos analizados no se ajustan a la normativa del contrato menor. Así, por ejemplo, identifica que hasta un 20 % de los contratos incumple la ley al presentar fraccionamiento, lo que supone una práctica especialmente reprochable. En los contratos fiscalizados tampoco consta el informe jurídico del Secretario municipal, tal y como establece la legislación vigente.
Además, en el caso de contrataciones celebradas por el Ayuntamiento de Salamanca con proveedores que realizaron tres o más contratos en el mismo año, no debería utilizarse esta figura contractual al ser menos transparente y afectar a la libre concurrencia de empresas, puesto que se trata de prestaciones con carácter recurrente al responder a necesidades reiteradas en el tiempo, lo que obligaría a sacar a licitación el servicio correspondiente.
Las conclusiones de este informe técnico coinciden con la valoración realizada por el Grupo Socialista en los últimos meses acerca del abuso de este tipo de contratación por parte del Gobierno municipal, práctica que no es puntual de 2020, sino que se ha venido repitiendo en los últimos años e incluso se ha incrementado con el paso del tiempo. Cabe recordar, además, que el número de contratos menores apuntado es claramente superior, ya que no incluye los realizados por los organismos dependientes. De hecho, según datos recabados por el PSOE, en los últimos tres años se celebraron más de 5.000 contratos menores que superan los 12 millones de euros.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista reitera su propuesta, que ya trasladó al Pleno del pasado mes de diciembre, para la creación de un registro público de proveedores con el fin de facilitar que las empresas interesadas en contratar con el Ayuntamiento de Salamanca puedan acceder a la información de los contratos menores, participar en las licitaciones y realizar ofertas en concurrencia competitiva.
La puesta en marcha de este registro de proveedores contribuiría a mitigar el riesgo evidente de que, de forma reiterada, el Gobierno municipal adjudique los contratos a las mismas empresas, generando relaciones contractuales cuasiclienterales que se acercan más a las prácticas corruptas que a los principios que deben inspirar el buen gobierno en el Ayuntamiento de Salamanca. Sin embargo, esta iniciativa fue rechazada por PP y Ciudadanos en sesión plenaria, sin que pudieran rebatir ninguno de los argumentos del PSOE, lo que da cuenta del nulo compromiso del Gobierno municipal para dar una oportunidad a las empresas locales en igualdad de condiciones a la hora de contratar con el Consistorio salmantino.
