El coordinador del área de Economía, Hacienda, Empleo e Industria del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, José Francisco Martín, cargó hoy contra el “trilerismo” presupuestario del “señor Ijeta”, por el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, para ocultar la “inmensa cantidad de dinero” recibido del Estado frente a la COVID. “Ocultación, mentira y trampa para no reconocer como se está volcando el Estado con Castilla y León, lo que nunca hizo el PP”, dijo.
Martín, que compareció junto a la portavoz de Economía y Hacienda de los socialistas en el Parlamento regional, Rosa Rubio, recalcó que “nunca antes llegó tanto dinero” procedente del Estado a Castilla y León, como en 2020 para hacer frente a la pandemia, y trasladó su preocupación porque “no sabemos en el momento actual el destino real de gran parte de este dinero”.
El procurador socialista explicó que preguntaron a Igea por la cuantía global recibida, y en sus respuestas les ofreció tres cantidades diferentes, que tampoco coincidieron después con la información presupuestaria bimensual. “Tres páginas tres mentiras dijo”, para denunciar las “trampas y el oscurantismo por todos los sitios”. “Este Gobierno de la transparencia de Igea, magia, se convierte en el del trilerismo del señor Ijeta”, enfatizó.
José Francisco Martín aseguró que la realidad sacada del BOE es que la Junta “ha recibido en 2020, más de 1.016 millones de euros, solo para afrontar la COVID y queremos saber exactamente en que se está gastando o se va a gastar el dinero”.
En este sentido, criticó que el Consejo de Cuentas no haya incluido en su plan de fiscalizaciones de este año, en cuya votación su formación se abstuvo, el destino de cada uno de esos euros, algo que si hará, dijo, con las corporaciones locales. Martín indicó que su presidente Mario Amilivia, indicó que eso se incluiría en el informe económico y financiero, porque “como es de letras no sabe de lo que está hablando”, comentó.
Martín resumió que la Junta “ha demostrado que es un gobierno partidista, tramposo y mentiroso” y puso de relieve también que en 2020, “el año en el que más dinero ha llegado”, se produjeron los “peores datos de ejecución de inversiones” en años.
Al respecto, Rosa Rubio precisó que las consejería de la Junta no ejecutaron 55 millones de euros de lo presupuestado en 2020, en concreto, 49 millones en inversiones, que suponen el 14 por ciento del total. Asimismo, afirmó que tampoco se concedieron creditos por 31 millones, el 97 por cienro de los que se podían haber concedido. “Es decir de cada 100 euros para préstamos solo concedieron tres euros”.
Rubio manifestó que en año más duro del último medio siglo, sobre todo en sanidad y empleo, la Junta recibió más de 1.000 millones del Estado, 423 euros por habitantes, la quinta autonomía por nivel de fondos, y la Gerencia de Salud no ejecutó 42 millones; y el EcyL abandonó la mitad de sus inversiones previstas, es decir, 18 millones, se dejó por el camino 12 millones en subvenciones. Asimismo, criticó que la Gerencia de Servicios Sociales no invirtió seis millones ni transfirió otros 15 a las empresas. Constató además que nueve de cada diez empresarios o autónomos acudieron al ICO y no a Iberaval, cuando la SGR recibió 29 millones de la Junta el último año.
La procuradora se detuvo en algunas consejerías y denunció que Economía y Hacienda no ejecutó 8,4 inversiones; y Agricultura, 12, y dejó cuando tenía previstos 24 en préstamos. Solo concedió 81.420 euros, es decir, dejó sin ejecutar el 97 por ciento. Asimismo, indicó que Educación se dejó por el camino 18,4 millones; Familia el 65 por ciento; y Cultura cinco millones; y el ICE no invirtió seis y no transfirió 15.
Rubio también se refirió al plan de inversiones prioritarias 2016-2020, y aseguró que se dieron de baja a lo largo de cada ejercicio 169 millones; y al final no se ejecutaron 286 millones de euros. “Es incumplir la palabra dada y el PP y su comparsa Ciudadanos agrava aún más si caba la desigualdad entre unos territorios y otros”, dijo.
Por último, afirmó que en los últimos diez años, la Junta ha dejado de ejecutar 2.315 millones de euros, para sentenciar que el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco “engaña” a todos los ciudadanos porque los presupuestos constituyen un contrato con la ciudadanía que hay que cumplir.
