El Grupo Municipal socialista pide al Ayuntamiento que devuelva "de oficio" cientos de sanciones impuestas "ilegalmente" por ruido en viviendas desde 2004, tras anularse aquellas que se han recurrido por "no ser conformes a derecho". Este número de sanciones, cabe destacar, aumentaron considerablemente desde el inicio de la pandemia.
En concreto, tal y como manifiesta el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Salamanca “la estancia prolongada en las viviendas durante el confinamiento generó, en algunas ocasiones, problemas en las comunidades de vecinos como consecuencia de ruidos que impedían el normal descanso”.
Ante este hecho, y siempre según estas mismas fuentes, el Ayuntamiento procedió a la tramitación de las sanciones causadas por dichas molestias en viviendas particulares a través de la ordenanza municipal sobre la Protección de la Convivencia Ciudadana, sin que se realizara ninguna medición de ruidos en el momento de levantar el acta policial para iniciar el correspondiente procedimiento sancionador y cuyo efecto se limita para este tipo de hechos en la vía pública, cuando deberían haberse impuesto mediante la ordenanza municipal para la protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones.
Así, recientes sentencias de los Juzgados números 1 y 2 de lo Contencioso-Administrativo de Salamanca han estimado los recursos planteados sobre la base de dos argumentos principales: la normativa aplicada no se corresponde con su finalidad y, por otro, la causa del inicio del procedimiento sancionador -los ruidos emitidos- no están acreditados en las sanciones porque no se realizaron medidas objetivas de su dimensión.
Las sentencias han declarado las resoluciones de las sanciones interpuestas como nulas por ser “no conformes a derecho”. Como consecuencia de estas sentencias, el Ayuntamiento ha paralizado ya la tramitación de las sanciones en curso por la vía de la ordenanza sobre la Protección de la Convivencia Ciudadana a la par que se han estimado los recursos presentados en vía administrativa, pero no se ha procedido a la devolución de oficio de aquellas sanciones ya tramitadas, no recurridas y, por tanto, cobradas, produciéndose una desigualdad entre ciudadanos sancionados por los mismos hechos y por la misma normativa, manifiesta el GMS. "Supone una mala praxis, una irresponsabilidad política y un perjuicio claro para los salmantinos", ha sentenciado José Luis Mateos a través de un encuentro con los medios de comunicación.
Es por todo ello que los socialistas piden que se proceda a la devolución de oficio del importe de todas las sanciones tramitadas y cobradas a través de la ordenanza sobre la Protección de la Convivencia Ciudadana y no solo aquellas que se han recurrido.
