El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca insiste, como viene haciendo en el último año, en la gratuidad del uso de la aplicación de telefonía móvil para pagar el estacionamiento de vehículos en zona azul y verde en la capital salmantina. Así, reclama eliminar el recargo del 10% sobre la tarifa que se está aplicando a todos aquellos ciudadanos que utilizan esta modalidad desde septiembre de 2016.
Los socialistas consideran que esta modalidad de pago fue una mejora ofrecida por la propia empresa encargada del aparcamiento regulado a la hora de optar a la adjudicación de este servicio por parte del Ayuntamiento, y por tanto, es la empresa la que debe hacerse cargo de los posibles o supuestos costes o gastos de gestión derivados del uso de esta modalidad de pago, y no derivarlos en los ciudadanos. “Un hecho que está derivando en un sinsentido más en la gestión del señor Mañueco al frente del Consistorio. Ciudadanos que utilizan un mismo servicio y que tiene que pagar tarifas distintas en función de la modalidad de pago que se utilice”, añade el PSOE.
Además, considera que no es de recibo, ni está suficientemente justificado, que a los ciudadanos que utilizan la aplicación móvil para pagar la ORA se les sigua aplicando un recargo del 10% sobre la tarifa para el pago del estacionamiento regulado. “Un hecho que, como poco, constituye una discriminación y una injusticia en relación a otros usuarios que utilizan las otras modalidades de pago que existen y que no tiene ese sobrecoste o recargo”, continúa.
El Grupo Socialista estima además que el equipo de gobierno del Partido Popular podría estar incurriendo en una nueva irregularidad o ilegalidad permitiendo a la empresa adjudicataria este recargo del 10% puesto que, la ordenanza municipal que regula las tarifas del aparcamiento regulado, no contempla o recoge dicho sobrecoste.
Los concejales socialistas siguen a la espera de un informe del interventor municipal sobre la legalidad de este recargo que se está aplicando. En caso de que carezca de cobertura legal, exigirán la devolución a los ciudadanos perjudicados las cantidades que hayan sido cobradas indebidamente en este sentido desde hace casi un año.
