El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este lunes la ley de apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad, firmada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y que fue aprobada por las Cortes el 7 de febrero, con los votos a favor de PP y Vox, la abstención de Por Ávila y el voto en contra del resto de la Cámara.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha defendido que se trata de una ley “pionera” con la que la Comunidad “avanza” en la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad al garantizar un proyecto de vida “digno” e “independiente”, basado en sus “preferencias” y “capacidad de decisión”. Esto, dijo, refleja el “firme compromiso” de la Junta con la mejora de la calidad de vida de este colectivo.
La norma ofrece una visión “innovadora” de la atención y los cuidados en la que subrayó han participado las organizaciones de la discapacidad a través de una colaboración “estrecha” y “eficaz”, que determina también la forma en la que se prestan servicios en la Comunidad.
Esta ley garantiza con el máximo rango normativo el desarrollo personal de las personas con discapacidad y presta atención a las transiciones, desde la infancia, a la edad adulta y laboral, el envejecimiento activo y la final, en la que se requiere más ayuda y apoyo.
Además, establece de forma “coherente y ordenada” los apoyos para alcanzar los objetivos en las etapas vitales, desde el nacimiento hasta el final de la vida, porque señaló quiere asegurar que estas personas reciban la atención y cuidados que precisen y que se haga posible su deseo de cómo quiere vivir su vida.
La consejera subraya aspectos clave como la “tranquilidad” a las familias que sabrán que tienen garantizada la atención, incluso cuando ellos ya no estén, así como que las personas con discapacidad podrán ser el verdadero protagonista de su vida. Además, indicó que en su “espíritu” recoge que su futuro debe estar “cargado de oportunidades” y que debe poder hacerlo en “igualdad de condiciones”. A todo ello, unió una atención “integral” para favorecer la autonomía.
Una de las grandes novedades son los apoyos a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, pero también los avances tecnológicos y su impacto en las zonas rurales para promover la formación continua de los profesionales, abordando aspectos como la ética, los derechos humanos o el trabajo cooperativo.
