La candidatura de Unidas Podemos (UP) a las elecciones a la Comunidad del 4 de mayo propone la creación de una Tarjeta de Seguridad Alimentaria que cuente con 75 euros mensuales por persona de la unidad familiar y que pueda ser usada para comprar alimentos en cualquier establecimiento de la región.
Los requisitos económicos y sociales para acceder a esta tarjeta serán los mismos que los requisitos de acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) con las ampliaciones de derechos recogidas en el pack de enmiendas que Unidas Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados al correspondiente proyecto de ley, como mínimo.
En particular, no será necesario contar con una situación administrativa regular de residencia en España para poder recibir esta tarjeta. Bastará con llevar empadronado en Madrid más de 6 meses. Solo se perderá el derecho a esta tarjeta si cambiaran las condiciones económicas y sociales y se dejaran de cumplir por ello los requisitos o si se recibiera el ingreso mínimo vital, detallan en el programa electoral que han hecho público hoy.
"La imagen de las colas del hambre durante la epidemia nos ha dejado a todos con el corazón en un puño y absolutamente escandalizados. Si es una vergüenza ver una imagen como esa en cualquier lugar del planeta, es doblemente inaceptable que esa situación se produzca en un país de la Unión Europea y, encima, en su región más rica", señalan.
Y admiten que el IMV, que venía a paliar esta situación, "sigue sin funcionar como debería debido a un diseño demasiado burocrático que criticamos desde el principio".
"Mientras seguimos peleando en el seno del Gobierno y en el Congreso de los Diputados para eliminar las trabas burocráticas del ingreso mínimo vital para que pueda llegar a todo el mundo que lo necesita, creemos que es urgente que las personas más vulnerables cuenten por lo menos con una ayuda pública que les permita sufragar los costes de alimentación", ha justificado la candidatura encabezada por Pablo Iglesias para justificar estas propuestas en Madrid.
Asimismo, UP quiere establecer la gratuidad absoluta de los comedores escolares en la educación pública, pero también la de los productos de higiene femenina y los anticonceptivos para que "ser mujer no suponga un coste añadido". El coste de esta medida ascendería a 150 millones de euros anuales, estiman.
Renta social para las trabajadoras del hogar en desempleo
En otro orden de cosas, Unidas Podemos considera que el trabajo doméstico es un sector precarizado, altamente feminizado, con un elevado porcentaje de mujeres migrantes y especialmente vulnerable en esta crisis sanitaria.
Según datos oficiales, solo el 70% de las trabajadoras del hogar está dado de alta en la Seguridad Social (las organizaciones bajan esa cifra al 50%), pero es que incluso las trabajadoras del hogar que están dadas de alta no tienen derecho al subsidio de desempleo como el resto de trabajadores.
En estos momentos, recuerdan que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Trabajo, trabajan para ratificar y poner en práctica a la mayor brevedad el Convenio 189 de la OIT y así establecer la igualdad de derechos de estas trabajadoras.
"Asimismo, las tasas de parcialidad en este tipo de trabajo son elevadísimas, lo cual lleva a que muchas veces las trabajadoras del hogar estén ganando salarios por debajo del umbral de la pobreza. En estos momentos, estamos trabajando para mejorar el ingreso mínimo vital de forma que llegue a todo el mundo que lo necesite y este tipo de situaciones no se produzcan. Pero, hasta que eso ocurra, es decir, hasta que sea efectiva la equiparación de derechos del Convenio 189 y hasta que se hayan eliminado los problemas burocráticos del ingreso mínimo vital, sigue existiendo una situación de emergencia social en este colectivo", señalan en el programa electoral.
Por ello, proponen establecer una renta social para las trabajadoras del hogar en situación de desempleo o de infraempleo. La cuantía de esta renta social será del 70% de la base reguladora que estuviese percibiendo la trabajadora antes de quedar en situación de desempleo, fijando un mínimo de la prestación de 500 euros.
Aquellas trabajadoras que estén dadas de alta en la Seguridad Social y estén percibiendo un salario inferior a 500 euros recibirán por medio de esta renta social la cantidad requerida para completar sus ingresos hasta 500 euros. En el caso de las trabajadoras en situación administrativa irregular, se admitirá para tener derecho a la ayuda una declaración jurada en la que se informe de que la trabajadora estuvo llevando a cabo está actividad y, en estos momentos, no tiene ingresos o tiene ingresos inferiores a 500 euros, detallan.
Se instará al Gobierno de España para que reforme a la mayor brevedad los artículos correspondientes de la Ley de Extranjería "de modo que esta ayuda así definida sea ajustada a la legalidad".
"Esta renta solamente desaparecerá o las personas que la reciben perderán el derecho cuando sea efectivo el Convenio 189 y, en los casos de rentas más bajas o personas en situación administrativa irregular, reciban el ingreso mínimo vital. Estimamos un coste aproximado para esta medida de 100 millones de euros anuales", apuntan desde Unidas Podemos.
