La Reina Letizia y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, han presidido este miércoles la 32ª reunión del Consejo Rector del Real Patronato sobre Discapacidad en Salamanca, un encuentro en el que se ha presentado oficialmente el primer protocolo estatal de comunicación y actuación en emergencias dirigido a personas con discapacidad, un documento considerado pionero en la Unión Europea.
El nuevo marco, ya aprobado por el Consejo Nacional de Protección Civil y Emergencias, unifica los criterios que deberán seguir todos los servicios de emergencia, bomberos, policías, sanitarios y equipos de protección civil, cuando atiendan intervenciones que afecten a personas con necesidades de apoyo específicas. El objetivo es garantizar una respuesta accesible, eficaz y coordinada en todo el territorio español.
La iniciativa ha sido elaborada por el Real Patronato sobre Discapacidad en colaboración con el Ministerio del Interior, las comunidades autónomas y las principales organizaciones del sector, entre ellas el CERMI, la Fundación ONCE y el Observatorio ZERO.
Entre las novedades más destacadas, el documento ofrece pautas claras para la interacción entre servicios de emergencia y personas con discapacidad, incluyendo a personas sordociegas, con dificultades de comunicación o comprensión, movilidad reducida, problemas de salud mental o trastorno del espectro del autismo (TEA).
Se estructura en dos escenarios principales
La primera de ellas, comunicación de emergencias que establece directrices para que sistemas como ES-Alert sean comprensibles para todas las personas.
Y la otra sería la intervención en rescates que se detalla cómo actuar ante personas con autismo, movilidad reducida o dificultades para identificar riesgos, como ocurre con personas ciegas.
El protocolo también contempla formación especializada para los servicios de emergencia en materia de discapacidad y accesibilidad. Su implementación dependerá de las comunidades autónomas, pero garantiza una respuesta coordinada, inclusiva y eficaz ante cualquier crisis que involucre a personas con discapacidad.
Además, según han explicado el documento será revisado anualmente, con el objetivo de incorporar mejoras continuas y adaptarse a nuevas necesidades.
