La Ley orgánica 2/20010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo estipula claramente que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es una prestación mas del sistema sanitario público y está incluida en la cartera de servicios de las instituciones sanitarias.
"La realidad en nuestra comunidad es muy diferente, sólo un hospital en Castilla y León lleva a cabo este procedimiento. La externalización del servicio derivando a clínicas privadas es la norma mayoritariamente aplicada y utilizando el argumento de la objeción de conciencia como impedimento para prestar el servicio en el sistema público", señala Izquierda Unida Castilla y León.
El partido afirma que "el peregrinaje que las mujeres realizan entre provincias para poder ejercer un derecho roza lo absurdo, aun existiendo clínicas autorizadas en su provincia, se ven obligadas a trasladarse a otra provincia de la comunidad o muchas de ellas a Madrid, a modo de ejemplo las mujeres de Salamanca (donde existe una clínica autorizada) tienen que viajar a Valladolid, y a Salamanca acuden mujeres de otras provincias".
Durante el año 2019, 2.674 mujeres castellanas y leonesas decidieron interrumpir su embarazo. Del informe anual del Ministerio de Sanidad "se desprenden datos que evidencian el nulo interés del gobierno autonómico por garantizar el ejercicio de un derecho en el servicio sanitario público", denuncia IU.
De las 2.237 interrupciones voluntarias del embarazo que se realizaron de manera extra hospitalaria, es decir sin ingreso en 2019; solamente una se produjo en un el sistema público, el resto 2.236 fueron realizadas en centro privadas. En los IVE que se practican en hospitales los datos también son significativos, 56 fueron en centro públicos y 381 en privados.
Izquierda Unida de Castilla y León denuncia que "esta situación que se da en nuestra comunidad vulnera los derechos de las mujeres que quieren abortar, la ley recoge claramente que la prestación se debe de llevar a cabo de manera mas favorable para la mujer, y que la misma está incluida en la cartera de servicios de Sacyl. Una visión patriarcal y misógina que pretende penalizar a las mujeres que quieren decidir sobre sus cuerpos".
El artículo 19 de la ley de salud sexual y reproductiva define claramente las condiciones para la objeción de conciencia de las y los profesionales implicados “el rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito”.
"La objeción de conciencia institucional es ilegal; hace falta una ley que clarifique bien, para que la objeción no sea mal entendida para denegar la prestación; ni que en la mayoría de los hospitales la decisión sea tomada por los jefes de servicio", informan desde la agrupación de izquierdas.
"El aborto es un derecho que tienen las mujeres sobre su vida, un derecho que aunque parece considerado socialmente como tal, las movilizaciones contra la propuesta de la llamada ley Gallardón lo evidenciaron. Sigue estando estigmatizado y no está normalizado como derecho y prestación sanitaria, al igual que cualquier otra prestación, eso no ayuda y ahonda en el estigma que también viven las y los profesionales que practican abortos", resaltan desde IUCyL.
