La Junta de Castilla y León tramitó a lo largo del pasado año 2020 un total de 3.938 denuncias administrativas relacionadas con el medio ambiente, lo que supone un descenso del 22,3 por ciento con relación a las 5.071 de 2019. Esta caída muy inferior a la registrada en el total de denuncias presentadas ante los servicios territoriales de Medio Ambiente, que sólo fue del 5,5 por ciento, al pasar de 6.414 a 6.058.
Así, mientras en 2019 la Junta tramitó más del 79 por ciento de las denuncias recibidas, el pasado año, marcado por la pandemia y la puesta en marcha del teletrabajo, este porcentaje descendió al 65 por ciento, según se desprende de la respuesta de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a una pregunta del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León.
De las 6.058 presentadas el pasado año tanto por los agentes medioambientales de la Junta, que en este campo tienen la condición de agentes de la autoridad, como por la Guardia Civil y otros cuerpos policiales, algo más del 48 por ciento (2.912) estaban relacionadas con incendios y con quebrantamientos de la Ley de Montes, mientras que por residuos y vertederos llegaron a los servicios territoriales 1.050 (17,3 por ciento. El tercer lugar se sitúan las relativas a infracciones de la Ley de Caza, con 788 (13 por ciento), por delante de las relacionadas con la pesca, con 452. Además, también se presentaron 348 por atentar contra espacios naturales y especies protegidas y 182 por invadir vías pecuarias.
Por provincias, Ávila se situó en cabeza con 1.067, por delante de Burgos (1.011), Salamanca (736) y León (701). Por el contrario, Palencia, con 248, ocupó la última posición, seguida de Valladolid con 432. En Segovia se presentaron 640; en Zamora, 611 y en Soria 607.
No obstante, en cuanto a la cuantía total de las sanciones la situación es muy distinta, dado que Zamora, con algo más de 439.263 euros se sitúa en primer lugar, por delante de Burgos (382.727 euros) y Valladolid (251.451). Ávila, que fue la provincia con mayor número de denuncias, sin embargo es la que presenta una menor cuantía de las mismas, con algo más de 35.174. Después se encuentran Palencia (66.617 euros) y Segovia (78.300). En León se alcanzaron los 174.980 euros; en Salamanca los 114.514 y en Soria los 112.592.
En total, la cuantía de las sanciones superó el pasado año 1,6 millones de euros, frente a los 1,9 millones de 2019, lo que supone un descenso de más de 274.000 euros, un 13 por ciento.
Por último, cabe destacar que en la respuesta de la Consejería al Grupo Socialista, se indica que en la relación de puestos de trabajo de los servicios territoriales de Medio Ambiente, figuran tres puestos de trabajo de técnico licenciado en Derecho en cada provincia, encargados de llevar a cabo la tramitación de los procedimientos sancionadores de medio ambiente. No obstante, el pasado año se encontraban vacantes tres de estos puestos correspondientes a las provincias de Palencia, Salamanca y Soria.
Ejemplos de algunas de las denuncias medioambientales pueden ser la recogida de níscalos sin licencia en zonas acotadas, talar algún pino sin permiso o cosechar a menos de 400 metros de terreno forestal cuando las temperaturas superan los 30 grados y la velocidad del viento los 30 kilómetros por hora. En estos casos se estaría ante infracciones a la Ley 3/2009 de montes de CyL, cuyo régimen sancionador establece, en general, que la gradación de leve a grave corresponde al plazo de reparación o restauración de ese daño. Así, las sanciones leves, con un plazo de reparación de hasta seis meses van de los 100 a los 1.000 euros, las graves, de los 1001 euros a los 100.000 y las muy graves, con un plazo de reparación mayor de diez años, por encima de los 100.001 euros.
Si no se ha producido daño al monte, que es lo más habitual, la sanción puede ser simplemente de 100 euros. En la sanciones también se pueden añadir los daños y perjuicios, por ejemplo el valor de la madera o los gastos de extinción en caso de incendios.
En el caso del vertido de residuos, las multas van desde los 45.001 euros hasta 1.750.000 euros, excepto si se trata de residuos peligrosos, en cuyo caso la multa podrá ser desde 300.001 euros hasta 1.750.000 euros.
