Las infracciones por desobediencia, resistencia a la autoridad o la negativa a identificarse a requerimiento de agentes policiales se dispararon en la comunidad el pasado año como consecuencia de la aplicación de las normativas anticovid, y de las 717 contabilizadas en 2019 se pasó a las 25.966 del pasado año.
Del balance de la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana también se desprende un crecimiento exponencial de las sanciones por falta de respeto a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Si en los últimos años la media de este tipo de infracciones no superaba la veintena al año, en 2020 se alcanzaron las 2.003.
Además, las 25.966 sanciones sumaron una cuantía superior a los 17 millones de euros, frente a la media de medio millón de euros de los últimos años. La evolución a nivel nacional fue similar y de las 12.645 multas impuestas en 2019, con una cuantía de algo más de 7,7 millones de euros, se pasó a las 243.001 infracciones, por valor de 174,1 millones de euros.
Por provincias, Valladolid se situó en cabeza con 3.888 sanciones, por delante de Segovia, con 3.239, Palencia (3.058), Burgos (3.029), Zamora (3.022) y Salamanca (2.936). Por su parte, en Soria se impusieron 1.711 infracciones y 2.610 en la provincia de Ávila.
Pero los efectos del confinamiento y el estado de alarma no solo se dejaron notar en las infracciones por desobediencia a los agentes. En sentido contrario evolucionaron las sanciones por consumo o tenencia de drogas en lugares públicos. Si en 2019 se impusieron en la Comunidad 12.276 multas por importe de 8,2 millones, el pasado año este tipo de sanciones se redujeron un 30,5 un por ciento, hasta las 8.528, con una cuantía de 5,6 millones de euros.
Además, a estas sanciones hay que sumar 32 por plantación de marihuana en lugares visibles al público, una decena por tolerar el consumo en locales públicos y una por colaborar en el transporte de personas para su acceso a drogas. En total, las infracciones por drogas en la Comunidad alcanzaron el pasado año las 8.528.
Por provincias, Valladolid se situó en cabeza el pasado año con 1.786 infracciones por consumo o tenencia de drogas, por delante de Salamanca, con 1.680; Burgos, con 1.496, y León, con 1.161. En el extremo opuesto se situó Soria con 334, seguida de Zamora, con 459, y Segovia, con 376. En Ávila se interpusieron 791 y en Palencia 445.
También se redujeron notablemente las sanciones relacionadas con las armas, ya que la también conocida como ‘Ley mordaza’, en su artículo 36.10, castiga con falta grave llevar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, aún cuando se tuviera licencia. En total, por hechos relacionados con la tenencia de armas y explosivos se interpusieron en la Comunidad 1.755 sanciones, frente a las 2.088 de 2019, lo que supone un descenso de más del 15 por ciento.
Pago voluntario
El procedimiento administrativo de estas sanciones se inicia cuando las subdelegaciones de Gobierno reciben las denuncias por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Entonces se instruye un expediente que suele acabar en una resolución de sanción. Al igual que las multas de tráfico, si la sanción se paga de forma voluntaria, la cuantía de la multa se reduce a la mitad y el proceso se da por finalizado.
No obstante, el presunto infractor tiene un plazo de quince días para presentar alegaciones y pruebas, lo que generará un nuevo proceso de resolución, e incluso puede acudir a la vía judicial.
