El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha aprobado la incorporación de un juez de refuerzo para el Juzgado de Familia e Incapacidades de Salamanca (Primera Instancia 8) con el objetivo de aliviar la sobrecarga de trabajo que arrastra este órgano judicial, que tiene más de 1.100 asuntos pendientes.
La medida, que ha de recibir el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Ministerio de Justicia, ha sido acordada por el Alto Tribunal en la última reunión de la Comisión Permanente de su Sala de Gobierno y tendrá una vigencia inicial de seis meses.
La incorporación del juez de refuerzo es una solución provisional hasta que se cree un segundo Juzgado de Familia, reiteradamente reclamado por el Decanato y por TSJCyL, ya que el actual recibe cada año más de 2.000 asuntos, un número muy superior a los 1.323 casos que el CGPJ considera como carga de trabajo recomendable para el correcto funcionamiento de un órgano que trata una materia tan sensible como familia e incapacidades.
Colapso de la oficina
La efectividad del apoyo, no obstante, depende de que el Ministerio de Justicia refuerce la plantilla de funcionarios adscrita al Juzgado, con la creación de, al menos, una plaza de auxilio judicial y, de forma alternativa, la autorización de prolongación de jornada para la Letrada de la Administración de Justicia y para el resto de la plantilla.
En este sentido, la Sala destaca que “es absolutamente necesario el nombramiento de funcionarios de apoyo para evitar el colapso de la oficina judicial”. Añade además que “de no adoptarse esta medida, debería al menos, reconocerse a los funcionarios la prolongación de la jornada, y que, de hecho, viene haciéndose así, al colaborar de forma voluntaria en intentar paliar la difícil situación por la que atraviesa el Juzgado”.
El Juzgado de Familia se encarga de toda la materia relativa a cuestiones de familia, con las ejecuciones propias de las resoluciones dictadas; todas las modificaciones de medidas dictadas por cualquier otro juzgado de primera instancia; así como la materia relativa a incapacidades, tutelas, seguimientos de tutela, internamientos en centros asistenciales, traslados, autorización de medidas de contención.
Además, este órgano judicial ve internamientos psiquiátricos; jurisdicción voluntaria en materia de familia y tutelas; impugnación y oposición a resoluciones administrativas en materia de menores, adopciones, acogimientos de toda la provincia; ratificación de internamientos urgentes por razón de trastorno psíquico e ingresos de menores con problemas de conducta, con autorización de entrada en domicilios para la ejecución forzosa de medidas de protección de menores; y todos los incidentes derivados de estas materias, incluidas juras de cuentas e impugnaciones de justicia gratuita.
