La Gerencia Regional de Salud (Sacyl) ha destinado un total de 9,4 millones de euros a la asistencia religiosa en centros hospitalarios públicos de Castilla y León durante los últimos diez años, lo que supone una media anual de 950.000 euros. Este servicio, garantizado a través de convenios anuales con los obispados de cada diócesis, asegura la atención espiritual católica a aquellos pacientes y familiares que lo soliciten durante su estancia hospitalaria.
Según los datos recopilados, el gasto anual en este ámbito ha mantenido una relativa estabilidad con una tendencia moderada al alza desde 2014, cuando se situó en 749.582 euros, hasta alcanzar los 902.612 euros en 2023. Este incremento acumulado en nueve años es de 153.030 euros, equivalente a una subida del 20,42 por ciento. A pesar de una caída puntual en 2017 y una ligera disminución en 2021, coincidiendo con la reorganización sanitaria post-pandemia, la evolución general ha sido ascendente.
Salamanca se sitúa como la provincia con la mayor inversión acumulada en asistencia religiosa durante la última década, alcanzando los 1,25 millones de euros. Le siguen de cerca Burgos (1,2 millones de euros) y León (1,17 millones). En el extremo opuesto, Ávila (469.465 euros) y Soria (485.246) registran los importes más bajos.
El servicio de asistencia religiosa se presta en virtud del IV Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos de 1979 y el convenio posterior de 1985 entre los ministerios de Justicia y Sanidad y la Conferencia Episcopal Española. Estos marcos legales garantizan la atención espiritual en hospitales públicos a demanda de los usuarios.
Los capellanes contratados desempeñan una labor que va más allá de oficiar actos religiosos, proporcionando un valioso acompañamiento espiritual y apoyo emocional a pacientes y familiares, especialmente en situaciones delicadas como ingresos prolongados, cuidados paliativos o procesos terminales. Su retribución se ajusta a las subidas salariales del personal estatutario de la sanidad pública, y el número de sacerdotes asignados a cada centro se determina en función de su tamaño.
La atención religiosa se integra dentro de los protocolos hospitalarios y se coordina con los servicios médicos, de enfermería y de trabajo social. Su continuidad a lo largo del tiempo se fundamenta tanto en la normativa vigente como en la demanda existente por parte de ciertos sectores de la población. A pesar de debates políticos puntuales sobre la financiación pública de estos convenios, la Junta de Castilla y León ha defendido su cumplimiento estricto del marco legal y su objetivo de atender las necesidades espirituales de los pacientes que así lo requieran, respetando la diversidad de creencias.
