La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha detectado 225 infracciones en el cobro de ERTES durante el año 2020, de un total de 2.578 inspecciones post-ERTE, un 8,72%, con el objetivo de detectar posibles fraudes. La Inspección realizó, además, otros 11.464 informes previos a su aprobación, a instancias de la autoridad laboral de la Comunidad Autónoma.
Los informes realizados engloban tanto expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, 10.380, como expedientes de regulación temporal por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), que son los 1.084 restantes.
Estos datos demuestran que la labor de lucha contra el fraude por parte de la Inspección se realiza, girando visitas a las empresas, confirmando que no hay connivencias para la obtención indebida de prestaciones por desempleo o casos en los que se compatibilice el cobro con el trabajo; pero, al mismo tiempo, también confirman las cifras que el porcentaje de casos de fraude es mínimo.
Por provincias, Burgos, con 78, es la provincia en la que se han detectado más infracciones, seguida de León, con 57, Valladolid, con 31, y Segovia, con 21. A la cola del ranking se sitúan Soria, con 12, Ávila, con 11 casos, Palencia con 7, y Salamanca y Zamora, con 4 casos cada una.
El importe total de estas infracciones fue de 829.346,92 euros, además, otros 43.282,28 euros de cuotas de Seguridad Social fueron ingresados en las arcas del Estado voluntariamente, mientras que el importe hasta el momento de actas de liquidación (lo que no se ha ingresado voluntariamente) alcanza los 451.999,66 euros.
Durante las 1.808 visitas realizadas por los inspectores a las empresas durante esos meses, se comprobó, por ejemplo, que de los 225 casos de fraude, 33 personas estaban trabajando sin dar de alta en empresas que mantenían trabajadores en ERTE, 63 estaban trabajando al mismo tiempo que cobraban la prestación, y 53 no habían informado al Servicio de Empleo (SEPE) de la desafectación del ERTE.
41.459 ERTES, 188.592 personas, 456 millones de euros
En Castilla y León, desde la declaración de estado de alarma y la promulgación del RD Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, hasta el 31 de diciembre de 2020, se han aprobado 41.459 ERTES, incluyendo tanto los de fuerza mayor como los que se fundamentan en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, que afectaron en total, acumulado de marzo a diciembre de 2020, a 188.592 personas, de las que a 31 de diciembre percibieron una prestación por regulación temporal de empleo 47.527.
Por sectores de actividad, de marzo a octubre, el mayor porcentaje de expedientes correspondía al sector servicios, con un 65,3% trabajadores, seguido de industria con un 28,82%. Mayor aún es la afección del sector servicios a partir de octubre, que ha supuesto un 94,89% del total de los ERTES aprobados en Castilla y León, seguido muy de lejos por industria (4,72%), construcción (0,27%) y de forma testimonial, el sector agrario (0,12%).
El importe neto de las prestaciones abonadas en la Comunidad durante el periodo marzo-diciembre 2020 en concepto de ERTEs alcanzó los 456,5 millones de euros, a lo que el Estado suma la aportación de las cotizaciones a la Seguridad Social de cada uno de los beneficiarios, es decir, la exoneración de cuotas para las empresas. La prestación, además, se concede con independencia de las cotizaciones previas del trabajador, es decir, que toda persona incluida en un ERTE tiene derecho a la prestación, con independencia de que hubiera cotizado previamente o no, lo que se conoce como “no exigencia de carencia”.
De la misma manera, las cantidades percibidas no serán descontadas si estas personas quedaran en situación de desempleo en un futuro, es decir, que estos cobros no influyen en el derecho al tiempo de prestación por desempleo que ya se tuviera, en caso de producirse, sino que se perciben manteniendo a cero el contador del derecho a paro.
