La pandemia del coronavirus ha tenido consecuencias en todos los estratos de la sociedad en forma de crisis. Crisis sanitaria, con decenas de miles de fallecidos en todo el país (más de 1.000 en Salamanca) así como más de un millón de contagios en España (más de 16.000 en nuestra provincia); crisis económica, con la destrucción de miles de empleos, millones de personas en ERTE o sectores clave en nuestras finanzas como la hostelería cerrados; y crisis identidad, con una multitud de personas, especialmente los jóvenes, replanteándose el sentido de su vida.
Todo lo anteriormente mencionado ha conllevado reacciones en todos los ámbitos posibles. Uno de ellos es que los jóvenes, quienes ya se vieron fuertemente afectados tras la crisis financiera de 2008 que provocó la destrucción de muchos de los trabajos a los que se dedicaban y que vieron que cómo muchos otros se convertían en empleos precarios, han apostado por la búsqueda de vivienda.
Una búsqueda a la que renunciaron por dicha crisis (la edad de emancipación se estableció en cerca de 30 años en la Comunidad) y que han decidido retomar a raíz del confinamiento estricto que vivimos entre marzo y junio. Sin entrar a valorar los diferentes motivos que pueden llevar a cada uno a querer independizarse, algunos de ellos pueden ser el deseo de convivir con la pareja (muchas pasaron la cuarentena en casa de sus respectivos hogares familiares) o de tener mayor libertad personal.
Además, los jóvenes no han sido los únicos que se han lanzado a la búsqueda de vivienda. Muchas familias que vivían de alquiler, que a lo mejor han detectado carencias en sus domicilios durante la cuarentena o simplemente que querían mudarse, también se han aventurado a ello; u otras personas que han apostado por ello, ya tuvieran la idea antes de la pandemia o haya sido, precisamente, por la misma.
Sea quien sea el que busca un nuevo domicilio, lo que sí está definido durante estos meses es el perfil de la vivienda. En concreto, lo que más se está buscando y demandando en toda España, Castilla y León y Salamanca son Viviendas de Protección Oficial (VPO). De hecho, la charra es la provincia donde más ha aumentado la demanda de VPO de toda la Comunidad, incrementándose en un 93%, mientras que en el resto de Castilla y León lo ha hecho de media en un 78%.
Estos datos vienen reflejados en un análisis realizado por el área de estudios de Lacooop, cuyos objetivos son evaluar la demanda de viviendas del sector en territorio español.
¿Qué es una Vivienda de Protección Oficial?
Las Viviendas de Protección Oficial, o Viviendas con Protección Pública, son un tipo de viviendas promovidas por las diferentes administraciones públicas (desde la Administración Estatal hasta la Local) que está ofertada a un precio reducido al equivalente en el mercado. Es decir, cuyo precio se ofrece más bajo de lo que realmente vale.
Esto se hace con el objetivo de que los ciudadanos con rentas más bajas o menor capacidad económica puedan tener acceso a una vivienda digna, tal y como está establecido en la Constitución Española, ya sea a través de la compra (modalidad más extendida en el pasado) o del arrendamiento (muy habitual hoy en día).
La primera legislación referente a las VPO llegó a mediados de la década de los 50. De hecho, varios de los barrios de la ciudad de Salamanca, como Garrido o San Bernardo, tienen una gran cantidad de viviendas de rentas limitadas (precursoras de las VPO).
No todo el mundo, eso sí, puede acceder a una VPO. Hay diversos condicionantes, pero uno de los principales es que los ingresos del o la solicitante de la vivienda no pueden superar el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). En Castilla y León se pueden consultar en el siguiente enlace.
“En un momento como éste de crisis económica es fundamental que se facilite el acceso a una vivienda digna a los colectivos con menos recursos financieros, y que se elimine la especulación inmobiliaria que existe en torno a este tipo de vivienda”, afirma Mónica Abril, responsable de Lacooop.
Salamanca es la provincia en la que más ha aumentado la demanda de Vivienda Protegida en Castilla y León, con un 93%, seguida de Valladolid (+83%), Segovia (+80%), Burgos (+78%), León (+76%), Zamora (+76%), Ávila (+75%), Soria (+72%), y en último lugar, Palencia, con un 70%.
A nivel nacional, la demanda ha aumentado en España en un 82%, y si extraen los datos por comunidades autónomas, donde más han crecido las búsquedas de viviendas VPO ha sido en la Comunidad de Madrid en un 197%, seguido de Cataluña (+135%), País Vasco (+124%), Navarra (+101%), la Comunidad Valenciana y La Rioja, ambas en un 98%. Precisamente, donde más se ha incrementado es en lugares donde el precio de la vivienda es más alto.
El Ayuntamiento de Salamanca, uno de los principales promotores de VPO
Se da la circunstancia de que, en los últimos años, momento en el que las VPO no son tan comunes como al inicio del siglo, el Ayuntamiento de Salamanca sí que ha promocionado la construcción de este tipo de viviendas, principalmente para su arrendamiento.
El mejor ejemplo son las 45 viviendas construidas en el Centro de Convivencia Victoria Adrados, en las que se paga una renta mensual de entre 243 y 264 euros al mes. Eso sí, los inquilinos tuvieron que cumplir una serie de baremos establecidos por el consistorio charro y pasar por un sorteo de elección de viviendas.
Actualmente, el Ayuntamiento está construyendo otras 36 viviendas de VPO en Ciudad Jardín, entre las calles Antonio Romo Pedraz y Silvestre Sánchez Sierra, promovidas por el Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (PMVU) con un presupuesto base de 3.388.669, 97 euros.
Las mismas se integrarán en el parque municipal de vivienda protegida de alquiler a precio asequible. Actualmente está formado por 12 viviendas en la calle El Salvador, 15 viviendas en la Calle Venezuela y las citadas 45 viviendas del Centro de Convivencia Victoria Adrados, destinada a personas mayores o con movilidad reducida.
Mientras tanto, también se encuentran en construcción 35 viviendas protegidas, garajes y trasteros en las calles Cuenca y Costa Rica, que se prevén entregar durante el primer trimestre del año 2021 tras la correspondiente convocatoria pública.
