Cuarenta y siete familias de otras comunidades autónomas han elegido Castilla y León para establecer su nueva residencia, empadronándose en municipios de menos de 20.000 habitantes. Esta iniciativa, impulsada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, busca combatir la despoblación en la región.
Según los datos ofrecidos por Esperanza Álvarez, directora general de Familias, Infancia, Atención a la Diversidad, en respuesta a una pregunta del procurador del PP Antonio Jaime Mendoza en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes, estas familias se han beneficiado de ayudas de 2.000 euros para aquellas con hijos (37 familias) y de 1.000 euros para el resto (diez familias).
Las provincias más atractivas para estas nuevas residencias son León, que ha captado el 29,79% de los empadronamientos, seguida de Burgos con un 25% y Segovia con un 21%. En el lado opuesto, Zamora no ha registrado ningún traslado, mientras que Valladolid y Soria solo han recibido el 2,13% de las solicitudes. Palencia, Salamanca y Ávila han acogido el 8,51%, 10,64% y 17% de los empadronamientos, respectivamente.
Las 47 familias provienen principalmente de Madrid (15), Cataluña (7), Andalucía y Baleares (4 cada una), Valencia y Extremadura (3 cada una), y País Vasco, Navarra y Aragón (una cada una). Se han empadronado en 35 localidades repartidas en ocho de las nueve provincias de la comunidad.
La convocatoria de 2025, que se abrió en abril con un presupuesto inicial de un millón de euros ampliable hasta cuatro millones, ya cuenta con 57 solicitudes a fecha de ayer, lo que representa el 32% de las solicitudes recibidas en toda la convocatoria de 2024. Esperanza Álvarez anticipa un "incremento sustancial" en el número de peticiones.
Las bases de la convocatoria, publicadas el 24 de abril y abiertas hasta febrero de 2026, han ampliado los requisitos para incluir a uniones de hecho, familias monoparentales y víctimas de violencia de género, incluso si no tienen la patria potestad de los hijos.
No obstante, los beneficiarios de estas subvenciones no pueden acceder a las ayudas del programa "Pasaporte de vuelta". Además, se requiere que al menos un miembro de la unidad familiar esté dado de alta en la Seguridad Social, que los menores estén escolarizados en centros de Castilla y León y que todas las familias cuenten con la tarjeta de Sacyl. El plazo para solicitar la subvención tras el empadronamiento se ha ampliado de uno a dos meses, y las familias deben mantener su residencia en Castilla y León durante al menos dos años.
