Izquierda Unida señala que según informa el Banco de España en los últimos cinco años la banca cerró el 33,4 por ciento de las sucursales, lo que representa una de cada tres oficinas, la mayoría de ellas en el medio rural. Castilla y León fue especialmente castigada en este sentido, con una merma en la Comunidad del 37,4 por ciento. La situación es más negativa aún si se tiene en cuenta que el porcentaje de población mayor de 70 años en Castilla y León está cinco puntos por encima de la media nacional.
El mayor número de cierres entre 2016 y 2021 se produjo en las provincias de Palencia (con un descenso del 44,1 por ciento), Zamora (43,5 por ciento), Salamanca (41,5 por ciento) y León (40,9 por ciento). También en las provincias de Valladolid y Burgos el cierre de sucursales se situó por encima de la media nacional mientras el recorte fue más moderado, aunque relevante en más provincias de Ávila, Segovia y Soria,
El informe del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCyL) recuerda que las entidades financieras facilitan un servicio “prioritario” y expone que “el acceso al dinero en efectivo, además de mantener la economía en el medio rural, constituye un derecho por el que deben velar las administraciones públicas”.
IUCyL considera que el punto de vista económico no puede ser el único desde el que se estructuren los servicios en Castilla y León porque en ese caso las zonas rurales saldrán siempre perdiendo. Si el sector privado no es capaz de articular ese servicio en los pueblos, el sector público tendría que ofrecerlo.
Destacan que los cinco grandes bancos del país han logrado en el primer semestre del año 2022 un beneficio total de 10.295 millones de euros. Pese a ello, se denuncia que los servicios que presta la banca cada vez son menos, con menos personal, horarios más restringidos, con mayores costes de mantenimiento de libretas y tarjetas y a todo ello se suman los problemas para el acceso a efectivo por parte de una buena parte de la población que reside en pueblos.
Para IU deben garantizarse los derechos de las personas que residen en pequeñas poblaciones, dotándose de competencias sancionadoras y voluntad política para actuar desde lo público puesto que la banca privada ha decidido abandonar los pueblos de Castilla y León a su propia suerte.
Por ello que IUCyL propondrá la creación de una banca pública cuyo objetivo sea apostar por la economía real, sostenible y humana creadora de empleo e impulsora de un nuevo modelo productivo para Castilla y León. Una banca que apueste por la vertebración territorial de toda la Comunidad y que no deje abandonados a los miles de pueblos sin un adecuado servicio bancario.
