El debate sobre la edad idónea para entregar un teléfono móvil con acceso a internet a los menores ha llegado con fuerza a Castilla y León, en línea con el movimiento nacional que busca proteger el desarrollo de los adolescentes. Si bien la presión social y el temor al aislamiento empujan a muchas familias a comprar el primer smartphone coincidiendo con el inicio de la Secundaria, expertos y estudios recomiendan retrasar al máximo su uso. Esta preocupación se ha materializado en el movimiento Adolescencia Libre de Móviles (ALM), que promueve un pacto entre padres para fijar la edad mínima de acceso a los 16 años.
En este contexto, la provincia de Salamanca ha sumado 23 pactos de familias que apoyan la iniciativa de ALM, según datos recogidos por Ical. Aunque la cifra es aún reducida en comparación con otros territorios de la Comunidad, evidencia una creciente concienciación en la provincia charra sobre los efectos nocivos de la sobreexposición a pantallas en cerebros en plena formación. La capital ha sido uno de los focos de difusión, con la portavoz de ALM en Valladolid, Noelia Muelas, ofreciendo charlas en la Universidad de Salamanca (USAL), contactada directamente por AMPAs y familias interesadas en la plataforma.
A nivel autonómico, el movimiento ha logrado la adhesión de 113 centros de Castilla y León, con el mayor número de firmas concentradas en Valladolid (64 centros) y Burgos (53 centros). En cuanto al número total de pactos de familias, Burgos se sitúa en la quinta posición nacional con 495 apoyos, solo por detrás de grandes capitales como Madrid y Barcelona. Valladolid le sigue de cerca con 432 pactos. El resto de territorios de la Comunidad presentan un menor volumen de acuerdos, incluyendo Soria (69), León (25), Palencia (23), Salamanca (23), Zamora (14), Ávila (12) y Segovia (11).
ALM, que ya suma 14.738 pactos a nivel nacional, insiste en que no busca la prohibición, sino "empoderar" a los padres mediante información exhaustiva sobre los riesgos del smartphone. Entre las amenazas que denuncian se encuentran el contenido sexual inapropiado, la adicción a juegos de azar, la violencia en línea, el riesgo de ciberbullying y grooming, los trastornos del sueño, el impacto en el rendimiento académico y la falta de concentración.
La clave del éxito, según la representante de ALM, reside en lograr que la mayoría de las familias de una misma clase o curso acuerden retrasar la entrega del dispositivo hasta los 16 años. "Es la única manera de evitar que un niño o adolescente sea el rarito, por no tener un smartphone y estar excluido de las comunicaciones", precisó Muelas.
Las preocupaciones de la plataforma se ven respaldadas por datos como el informe de Unicef de 2021 sobre el "Impacto de la tecnología en la adolescencia en Castilla y León". Dicho estudio ya alertaba de que los niños de la Comunidad obtenían su primer móvil a los 11 años. El informe reveló que un 40% de los adolescentes de entre 11 y 18 años reconocía haber recibido mensajes de contenido erótico o sexual, y que un 18% había quedado con gente conocida a través de redes sociales, todo ello con escasa supervisión familiar. Solo el 32% de los encuestados afirmó tener límites o normas claras sobre el uso de internet y pantallas.
Mientras la Junta de Castilla y León recuerda que el uso de móviles en las aulas está regulado y prohibido desde 2007 (salvo fines educativos), la asociación ALM continúa solicitando una regulación más firme y leyes que protejan "de forma efectiva" a los menores del contenido inapropiado y de las aplicaciones de riesgo.
