Salamanca es la segunda capital de provincia de Castilla y León con el impuesto de circulación más alto, de acuerdo con un estudio elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), donde se pone de manifiesto las enormes diferencias que existen entre ciudades.
Según los datos de ICAL, la ciudad charra iguala a la capital de la región en los tramos que pasan de 12 caballos de potencia fiscal y únicamente está ligeramente por debajo en el trabmo hasta 8 caballos de potencia fiscal (25,12 euros) y de 8 a 12 caballos de potencia fiscal (67,76 euros). En algunos casos, la diferencia con Zamora -el territorio donde menos se paga por este impuesto- es del doble, como en el caso del tramo hasta 8 caballos de potencia fiscal, en el que la perla del Duero tiene un importe de 13,63 euros.
Castilla y León
Mientras Valladolid es una de las doce capitales de provincia donde los ayuntamiento, en función de lo establecido por la ley, incrementa discrecionalmente la cuota del impuesto hasta llegar a cobrar el doble de la tarifa mínima establecida. Así, mientras un vehículo tipo medio, de 11,99 caballos de potencia fiscal, como los que tiene el turismo más vendido el año pasado año en España, paga en Valladolid 68,16 euros, mientras que en Zamora el impuesto es de 49,08 euros (-28 por ciento) y en Palencia de 50,53 euros. Tras Valladolid, el impuesto más caro en este tipo de automóviles lo tiene Salamanca, con 67,76 euros, seguida de Segovia (65,88 euros), Burgos (62,62 euros) y León con 58,50. Los abulenses pagan 57,93 euros y los sorianos 58,38 euros.
En este tipo de vehículos, el precio más barato entre las capitales de provincia corresponde a Santa Cruz de Tenerife, con 34,08 euros, frente a los 59 de Madrid, los 68,16 de Barcelona y los 86,64 de San Sebastián 86,64 euros.
En el caso de los turismos de alta gama, tanto Valladolid como Zamora, Salamanca y Segovia aplican el máximo 224 euros. En este caso la tarifa más barata corresponde a Soria con 191,88 euros, seguida de Ávila (200,48 euros), Burgos (205,80 euros), Palencia (206,97 euros) y León (209,40 euros)
Este impuesto, creado en España hace treinta y dos años en sustitución del impuesto de circulación de vehículos (conocido también como ‘el numerito’), genera unos ingresos anuales de 3.800 millones de euros a las haciendas locales.
El impuesto se paga en función de la potencia fiscal del vehículo, en el caso de turismos; en función de la cilindrada, en el caso de las motos, y el peso y número de asientos, en el caso de los camiones y autobuses, respectivamente, de acuerdo con una tarifa mínima establecida para todo el territorio nacional, a excepción de los territorios históricos del Pais Vasco y Navarra.
También la ley permite aplicar bonificaciones de hasta el 75 por ciento en función del carburante y las características de los motores, e incluso exonenar el pago del impuesto en el caso de los vehículos históricos y de más de 25 años. .
Entre los ayuntamientos españoles más caros, además de San Sebastián y Valladolid, figuran los de Vitoria, Bilbao, Castellón, Tarragona, Barcelona, Palma, Ciudad Real, Huelva y Granada.
Por el contrario, entre los que podrían considerarse ‘paraíso fiscales’ los Santa Cruz de Tenerife, Melilla, Zamora, Cáceres, Palencia, Jaén, y Badajoz.
Pero según el informe de AEA las diferencias de tarifas no sólo se producen entre las capitales de provincia de distintas comunidades autónomas sino también entre ayuntamientos de una misma provincia. Así por ejemplo la tarifa que cobra el municipio serrano de Colmenar de Arroyo o Robledo de Chavela, en la Comunidad de Madrid, es siete veces más barata que la que se cobra en Madrid capital; o dentro de Cataluña, la que cobra el municipio de Rajadell o Aguilar de Segarra es ocho veces inferior a lo que se cobra en Barcelona.
Paraísos
La alta fiscalidad que mantienen algunos ayuntamientos ha motivado el que numerosas empresas de alquiler y de renting hayan abierto suscursales en municipios con una menor presión fiscal.
AEA explica que el origen de este fenómeno de “los paraísos fiscales” hay que buscarlo en la eliminación del indicativo provincial de las matrículas españolas, en septiembre del 2000, ya que esa circunstancia permite a las empresas de renting o alquiler de coches concentrar la matriculación sus flotas en municipios sin apenas habitantes y con un favorable tratamiento fiscal. A cambio, cada año les toca la lotería del ‘numerito’ por el ingreso que reciben por un impuesto de unos vehículos que ni siquiera circulan, ni van a circular nunca, por esa población.
Tal es el caso de siete municipios españoles (Colmenar de Arroyo, Robledo de Chavela, Moralzarzal, Venturada, Las Rozas de Puerto Real y Brunete, en Madrid; y Rajadell, en Barcelona) -con una población de entre 500 y 14.000 habitantes- en los que se matriculan el 37,5 por ciento del total de coches de empresa de toda España por su privilegiado tratamiento fiscal. Es decir, 159.811 turismos sobre un total nacional de 425.020 unidades.
