Las infracciones por consumo o tenencia de drogas en lugares públicos impuestas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Castilla y León, a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, casi se han duplicado en la Comunidad. Si en 2016, primer año al completo en el que estuvo en vigor la conocida ‘Ley Mordaza’ se impusieron en la Comunidad 6.720 infracciones relacionadas con estupefacientes por una cuantía de 3,6 millones de euros, en 2019 fueron 12.276 las multas por importe de 8,2 millones, según datos del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso la Agencia Ical.
Además, a estas sanciones hay que sumar 41 por plantación de marihuana en lugares visibles al público, una decena por tolerar el consumo en locales públicos y una por colaborar en el transporte de personas para su acceso a drogas. En total, las infracciones por drogas en la Comunidad alcanzaron el pasado año las 12.328.
Las sanciones relacionadas con las drogas suponen siete de cada diez multas impuestas por la llamada ‘Ley Mordaza’. En total, el pasado año se impusieron en la Comunidad 17.352 multas al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana, un 47,85 por ciento más que en 2016 (11.736). En total, la recaudación de las sanciones superó los 10,4 millones de euros, un 82,3 por ciento más que en 2016.
Por provincias, Salamanca se situó segunda el pasado año, con 2.208 infracciones por consumo o tenencia de drogas, con multas por valor de 1,4 millones de euros. Abre la lista Burgos, con 2.258 infracciones (1,5 millones). Y tras Salamanca aparece Valladolid, con 1.937 (1,2 millones). En el extremo opuesto se situó Soria con 324 (218.579 euros), Zamora, con 666 (481.830 euros) y Palencia, con 919 (603.423). En Ávila se interpusieron 1.268 multas (846.833 euros), en Segovia 1.337 (881.710 euros) y en León 1.411 (906.761 euros).
Después de las drogas, el mayor número de sanciones estuvo relacionada con las armas, ya que la ley, en su artículo 36.10, castiga con falta grave llevar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, aún cuando se tuviera licencia. En total, por hechos relacionados con la tenencia de armas y explosivos se interpusieron en la Comunidad 2.088 sanciones, 111 menos que en 2016 (+5,6 por ciento), por las que el Estado recaudó algo más de 1,2 millones de euros.
Falta de respeto
La tercera infracción más común son la falta de respeto a los agentes y el pasado año se tramitaron 1.384, con una recaudación 245.511 euros. El artículo 37.4 estable como sanción leve las falta de respeto y consideración a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad. En este caso se produce un caída del 7,3 por ciento con relación a 2016.
Además, que las infracciones por resistencia o desobediencia a la autoridad (artículo 36.6), considerado como falta grave, también descendieron y pasaron de 845 a 717 (-15,1 por ciento).
Pago voluntario
El procedimiento administrativo de estas sanciones se inicia cuando las subdelegaciones de Gobierno reciben las denuncias por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Entonces se instruye un expediente que suele acabar en una resolución de sanción. Al igual que las multas de tráfico, si la sanción se paga de forma voluntaria, la cuantía de la multa se reduce a la mitad y el proceso se da por finalizado.
No obstante, el presunto infractor tiene un plazo de quince días para presentar alegaciones y pruebas, lo que generará un nuevo proceso de resolución, e incluso puede acudir a la vía judicial.
A nivel nacional, el pasado año se tramitaron 244.413 sanciones, frente a las 197.947 de 2016, lo que representa un incremento del 23,4 por ciento. En el caso de la cuantía de las multas, se paso de 89,6 a 146,8 (+63, 8 por ciento). Además en el conjunto del país siete de cada diez sanciones que se imponen (175.727) también están relacionadas con el consumo de estupefacientes.
