El próximo 15 de noviembre, los 2.000 funcionarios de salud pública y seguridad alimentaria (es decir, de salud no asistencial, aquellos que ejercen labores de Prevención y Salud Pública) de toda Castilla y León están llamados a la huelga para reclamar un trato de igualdad y estabilidad para todos estos profesionales que ejercen como profesional sanitario no asistencial.
El presidente de la Unión Sindical de Castilla y León (USCAL), Juan Carlos Alonso, cuenta a SALAMANCA24HORAS que el principal problema viene porque “aparte de las leyes básicas de empleados públicos, nosotros tenemos una normativa de personal sanitario” que está promulgada a nivel estatal y que son obligatorias y que en Castilla y León “no se cumplen”.
Juan Carlos Alonso también comenta que Salamanca será una de las provincias que más afectada se vea, ya que “es, junto a León, la que más veterinarios tiene, cerca de 170”, a lo que hay que sumar el resto de personal sanitario de salud pública y seguridad alimentaria (farmacéuticos, médicos y enfermeros, entre otros).
Un año de movilizaciones que terminarán con la huelga
“Hace justamente un año comenzábamos con las movilizaciones”, continúa el presidente de Uscal, detallando que en Salamanca se celebró una asamblea en la que se trataron varias cuestiones. Sin embargo, “la Junta sigue dando pasos en sentido contrario”, como demuestra que “en el catálogo de puestos tipos recién aprobado nos mete como funcionarios de administración especial, y somos administración sanitaria”.
Eso también ocurrió en el catálogo de 2017, y como recuerda Juan Carlos Alonso “es una categoría que no nos corresponde”, algo que también ocurrió en el concurso de traslados.
Todo ello pese a que “hay un informe del Procurador del Común aplastante, con una propuesta de resolución en junio de este año y aprobada en las Cortes de Castilla y León, que insta al Ejecutivo a reconocer nuestra experiencia profesional”, mientras ellos “pasan del tema”.
Tampoco se han visto afectados por el cambio de Gobierno, ya que su pleito es “con la Administración Autonómica”. De hecho, desde Uscal han pedido el cese de la viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, Marta López de la Cuesta, por su "insensata política de personal".
“Hay un tiempo más que prudencial para permitir la negociación”
Queda casi un mes para la huelga, algo que para el presidente de Uscal es que “hay un tiempo más que prudencial para permitir la negociación”, y recuerda que “la huelga es el último recurso, puesto que deben prevalecer los derechos del trabajador”. Así, no dudan en que agotarán todos los plazos y “si llegado el momento, la Administración, que por ley se tiene que sentar a negociar, no lo ha hecho, iremos a la huelga”.
Cumplirán con los servicios mínimos, los cuales para Juan Carlos Alonso “siempre son abusivos y llevas a los tribunales y se ganan, pero a los tres años y sin perjuicio para la Administración”.
Hasta el próximo 15 de noviembre, habrá una serie de pasos previos, entre los que se encuentra una asamblea en Valladolid además de una concentración y una manifestación en fecha todavía por determinar, todo antes de ir a la huelga.
Lo que buscan es igualdad y estabilidad en dos tipos de situaciones. Una es aquellos profesionales, tanto sanitarios como veterinarios (cerca de 400), que después de 15 o 20 años de entrar en la Gerencia Pública “están sin oportunidades” y sin un destino definitivo. La otra parte afectada es el personal “de nuestra misma categoría y misma administración que tiene el reconocimiento profesional que reivindicamos”, f
