El Partido Popular ha presentado este viernes un recurso de amparo al Tribunal Constitucional contra la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet (y luego de la Mesa por mayoría del PSOE y Podemos) de dar por válidas las fórmulas de acatamiento a la Carta Magna utilizadas por distintos diputados soberanistas, durante la sesión constitutiva del Congreso, el pasado 21 de mayo.
El fundamento del recurso se basa en el desbordamiento por parte de numerosos diputados soberanistas del requisito de juramento o promesa de acatamiento de la Constitución previsto en distintas normas, vulnerando la propia doctrina del Alto Tribunal, que tan sólo ha avalado expresamente el uso de la fórmula “por imperativo legal” y que advierte que otras dejan de cumplir con los requisitos establecidos si se acompañan de “cláusulas o expresiones que de una u otra forma vacíen, limiten o condicionen su sentido propio, sea cual fuese la justificación invocado para ello”.
El recurso de los diputados, encabezado por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el salmantino José Antonio Bermúdez de Castro, así como por la secretaria general, Isabel Borrego, incide en que, en ese sentido son particularmente expresivas las fórmulas utilizadas por algunos diputados de ERC y de JuntsperCat que aluden a la “República catalana”, a “presos políticos” y al “mandato del 1 de octubre”, en la medida en que las mismas son dudosamente compatibles con la propia Constitución española que se dice acatar y en el mismo acto se rechaza.
Es significativo, además, según recogen las actas taquigráficas oficiales, que varios parlamentarios dijeron que su acatamiento era desde la lealtad al mandato del 1 de octubre, que fue un referéndum ilegal, lo que choca frontalmente con el orden constitucional.
En definitiva, se considera que todos los diputados tienen la obligación de acatar correctamente la Constitución para adquirir la condición plena de diputado, mientras que algunos utilizaron fórmulas que vaciaron claramente de contenido dicho acatamiento, debiendo haber sido apreciada dicha circunstancia por la Presidencia del Congreso.
A juicio del PP, el de acatamiento es un acto cargado de simbolismo porque significa que, frente al deber general que tienen todos los españoles de someterse a la ley como regla básica de la democracia, los cargos electos tienen un plus, un deber especial de someterse a ley y cumplirla.
Pero los citados diputados, en la sesión constitutiva del Congreso, utilizaron el acto de promesa o juramento a la Constitución para proferir expresiones o lanzar proclamas en favor del desafío secesionista y contra la soberanía nacional, y para atacar a la Monarquía y al Poder Judicial, en un claro intento de condicionar o limitar el acto de sometimiento a la ley para vaciarlo de contenido.
Para el PP, eso va en contra de la ley y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que nos dice que el sometimiento a la ley debe ser pleno e incondicionado, debe ser claro e inequívoco, algo que a juicio de los firmantes del recurso de amparo no se produjo en algunos casos.
El PP presenta el recurso porque “no puede pasar por alto y no va a permitir que se falte al respeto a la soberanía nacional y a las instituciones, ya que un acto que tiene por objeto el sometimiento a ley no puede pasar a la historia como un acto de desprecio a la misma”.
