El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, comparece este martes en la Audiencia Nacional para declarar como imputado por los sucesivos encargos que durante años se habrían efectuado al ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo, y tendrá que hacerlo acudiendo físicamente a la sede judicial, después de que el juez instructor rechazara habilitar una videoconferencia ante el repunte de los contagios por Ómicron.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, imputó a Sánchez Galán en junio por presuntos delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil, pero no fue hasta diciembre, una vez que la Sala de lo Penal resolvió una serie de recursos pendientes, cuando se puso día y hora a su comparecencia, fijada para las 10.30 horas del 18 de enero.
Con el arranque del año, el presidente de Iberdrola solicitó al magistrado que le permitiera declarar por videoconferencia, alegando que con la nueva variante del coronavirus hay una "mayor probabilidad de reinfecciones" y él pertenece a un "grupo de riesgo".
"Mi representado (...) ha extremado ya desde hace semanas las medidas de prevención para la preservación de su salud, con limitación al máximo de los desplazamientos y de los encuentros presenciales, que han sido sistemáticamente sustituidos por reuniones telemáticas", expuso su defensa.
No obstante, el juzgado resolvió el pasado viernes que no hay "motivos sustanciales" para sustituir la declaración presencial por una "opción subsidiaria" como es la videoconferencia.
"No se razona qué interés de utilidad o conveniencia para la causa puede presentar la declaración en los términos expuestos (...), ni se alude a motivos de orden público o seguridad como fundamento, sino que solo se hacen genéricas referencias a la situación sanitaria", observó.
Ronda de declaraciones
Así, Sánchez Galán tendrá que hacer el denominado 'paseíllo', aunque no será el único. Para el mismo martes está citado el ex presidente de Iberdrola España Fernando Becker, mientras que el día 20 será el turno de Iberdrola Renovables.
El lunes, ya declararon el ex consejero-director general de Negocios Francisco Martínez Córcoles y el ex jefe de Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo, desvinculándose en ambos casos de las tareas encomendadas a CENYT, el grupo empresarial de Villarejo, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
Orbegozo reconoció que visó dos facturas que las pesquisas judiciales han atribuido a CENYT, concretamente a los proyectos 'Gipsy' y 'Posy', de 2009, donde el entonces policía habría investigado al presidente de ACS, Florentino Pérez, y su entorno para evitar el asalto de la constructora a la eléctrica.
Interrogado al respecto, el que fuera la 'mano derecha' de Sánchez Galán expuso que dichas facturas le llegaron firmadas desde el departamento correspondiente y que él se limitó a dar un último visto bueno tras hacer una comprobación superficial que habría consistido en verificar que el concepto de las mismas coincidía con cuestiones agendadas.
Ante la insistencia de los interrogadores, Orbegozo aseguró que solo tuvo noticia de que Pérez pretendía hacerse con el control de Iberdrola por la prensa, lo cual le mereció el reproche del juez, quien llamó la atención sobre el hecho de que el jefe de Gabinete de Sánchez Galán solo fuera consciente de estas maniobras empresariales a través de los medios de comunicación.
Contratos y facturas
García-Castellón sospecha que Sánchez Galán y los tres ex directivos pudieron participar desde sus respectivos puestos en la contratación de CENYT cuando Villarejo aún era miembro en activo del Cuerpo Nacoinal de Policía, que se manipularon las facturas generadas por esos servicios y que se tuvo acceso a datos reservados de las personas investigadas.
De acuerdo con el relato judicial, el primer proyecto de Villarejo para Iberdrola habría sido 'Arrow', que habría tenido como objetivo eliminar la oposición municipal y de los ecologistas a la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz).
Entre 2004 y 2005 se habría desarrollado 'Black Board' o 'B-B' para supuestamente conseguir información comprometedora sobre Manuel Pizarro, presidente en aquellos momentos de Endesa, el gran rival de Iberdrola en el sector eléctrico.
Ya en 2009, a Villarejo se le habrían encomendado 'Gipsy' y 'Posy'. El primero habría consistido en investigar a un directivo de Iberdrola, José María Álvarez, y a un proveedor, Francisco Julián Gutiérrez, al sospechar que pudiera mediar el pago de comisiones ilegales. Con el segundo proyecto, las pesquisas del comisario se habrían extendido a la vinculación de Álvarez con Florentino Pérez.
Por último, en 2011, Villarejo se habría dedicado a 'Wind' para investigar a la empresa suiza Eólica Dobrogea, a su accionista mayoritario, Chrisopher Kaap, y a su apoderado, Corneliu Dica. Iberdrola Renovables se había aliado con la compañía eólica para desarrollar una serie de proyectos en Rumanía, pero con el tiempo surgieron conflictos que se acabaron resolviendo de forma favorable a la mercantil española en un procedimiento arbitral.
En el auto de imputación, el juez indicó que, por la contabilidad de Iberdrola, se sabe que fueron recibidas y abonadas quince facturas emitidas por CENYT entre 2004 y 2012 por un importe total de 1,04 millones.
Esta pieza separada 17, relativa a Iberdrola, es una de las más de treinta que componen la macrocausa 'Tándem', donde se indaga en los muchos y variados negocios de Villarejo, que ya se ha sentado en el banquillo a causa de tres trabajos ('Iron', 'Land' y 'Pintor') por los que se enfrenta a más de cien años de cárcel.
