El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado que la crisis de la Covid-19 ha provocado un grave empeoramiento de las condiciones de trabajo de las enfermeras y enfermeros que trabajan en los centros penitenciarios de nuestro país mientras siguen paralizadas las negociaciones entre Gobierno y comunidades autónomas para el traspaso de la sanidad penitenciaria.
SATSE critica que, salvo en el caso de Baleares y Navarra, el Gobierno ha reconocido que no hay ningún avance en las conversaciones iniciadas ya en 2018 para propiciar el traspaso de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas y, de esta forma, mejorar la atención sanitaria que se presta en los centros y las condiciones laborales de sus profesionales sanitarios.
“Este claro desinterés por parte de las administraciones públicas es más grave si cabe cuando la situación de las enfermeras y enfermeros que trabajan en las prisiones ha empeorado aún más a consecuencia de la pandemia de la Covid-19 al tener que trabajar en condiciones más difíciles y penosas”, apuntan desde la organización sindical.
El Sindicato subraya que en ningún centro penitenciario de España se están cubriendo las bajas motivadas por un contagio de Covid-19 o cualquier otra causa, ya sea de larga o corta duración, al igual que las motivadas por jubilaciones, vacaciones… lo que conlleva una mayor sobrecarga laboral en un entorno de trabajo muy difícil e inseguro para estos profesionales.
Asimismo, señala SATSE, se mantiene el grave déficit estructural existente en las plantillas enfermeras en los centros penitenciarios, resultando absolutamente insuficiente la oferta de empleo público realizada a principios de este año de un total de 97 plazas para todo el Estado. En la actualidad, hay de media solo una enfermera o enfermero para atender a unos 100 personas privadas de libertad.
A la falta de enfermeras y enfermeros en los centros penitenciarios se suma la de otros profesionales sanitarios, como médicos y farmacéuticos, lo que propicia que las enfermeras tengan que asumir responsabilidades y realizar funciones que no les competen para no dejar sin atender a las personas privadas de libertad, asevera el Sindicato de Enfermería.
“La segunda ola de la Covid-19 está golpeando con fuerza a los centros penitenciarios españoles y la situación dista mucho de estar controlada, teniendo en cuenta, además, que las personas privadas de libertad son una población de riesgo, al tener muchas de ellas problemas derivados del consumo de sustancias estupefacientes, padecer enfermedades infectocontagiosas y mentales, entre otras o tener ya una avanzada edad”, señala.
Ante esta realidad, SATSE reitera la urgente necesidad de dar una solución a los problemas existentes de los centros penitenciarios, así como a las penosas condiciones laborales y profesionales de las enfermeras y enfermeros que trabajan en ellos, reclamando que se impulsen las negociaciones necesarias para que definitivamente se produzca el traspaso de la sanidad penitenciaria en lo que queda de legislatura, algo que ya también hizo su presidente, Manuel Cascos, en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de nuestro país en el Congreso de los Diputados.
