Uno de cada siete colegios de Castilla y León supera los límites máximos de contaminación atmosférica que marcan la legislación española y europea, según un informe elaborado por Ecologistas en Acción, en el que también se pone de manifiesto que en todos los centros donde se han realizado mediciones se sobrepasan las recomendaciones de calidad de aire que realiza la Organización Mundial de Salud (OMS).
Ante esta situación, desde Ecologistas en Acción se reclaman medidas urgentes se recomienda a todos los ayuntamientos que aprovechando la obligación legal que tiene de establecer zonas de bajas emisiones en las ciudades, incluyan en las mismas las zonas escolares como espacios de especial protección, reduciendo el tráfico y las plazas de aparcamiento.
En el estudio, realizado con 176 mediadores en las ciudades de Burgos, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, así como en la localidad abulense de Candeleda, entre el 30 de enero y 20 de febrero de este año, se pone de manifiesto que el nivel más alto de contaminación se ha detectado en el entorno del Colegio Claret de Segovia, mientras que Salamanca se ha situado como la ciudad más contaminada de la Comunidad, al igual que en los estudios realizados en 2020 y 2021, dado que seis de los 17 entornos educativos a estudio han superado la referencia del valor límite anual de dióxido de nitrógeno (NO2), que ha sido el contaminante analizado durante el estudio, un gas emitido por el tráfico urbano y, sobre todo, por los vehículos diésel.
Tras Salamanca, la peor situación se ha registrado en en Valladolid, donde el medidor del Colegio San Agustín registró 50 mg/m³ -el límite máximo que marca la legislación europea y española es de 40 mg-. Además, en siete de los 22 los entornos educativos se superó la referencia del valor límite, la mayoría en el centro urbano (colegios Amor de Dios, Anunciata y Corazonistas, CEIP Cardenal Marcelo y García Quintana, IES Núñez de Arce).
En Burgos, León, Palencia, Ponferrada, Segovia y Zamora también se han medido niveles elevados de NO2, destacando 48 mg en el CEIP Cervantes de León y 51 mg en el CEIP Diego de Colmenares de Segovia. El nivel más bajo se ha registrado con 13 mg en el IES Candeleda, como era previsible por su carácter rural, aunque superando la guía anual de la OMS (10 mg).
En el estudio también se pone de manifiesto que existe una clara correlación entre los niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno y los entornos educativos con más tráfico de las ciudades analizadas. En contraste, los entornos escolares con mejor calidad del aire corresponden a espacios peatonalizados o con baja circulación de automóviles.
Resultados
Por otra parte, responsables de Ecologistas en Acción confirmaron que trasladará los resultados de su campaña a la Junta de Castilla y León y a los ayuntamientos de las ciudades analizadas, así como a los tribunales de Justicia, solicitando que se cambie la ubicación de las estaciones oficiales para que reflejen más fielmente la contaminación atmosférica urbana, así como que se promuevan entornos educativos saludables y seguros, fomentando el transporte público, peatonal y ciclista y priorizando la proximidad al centro escolar como criterio básico del área escolar.
En este sentido, el portavoz del colectivo, Miguel Ceballos, explicó que la organización presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) sendas demandas contra la Junta y el Ayuntamiento de Valladolid tras las campañas de medición de 2020 y 2021, dado que las estaciones que gestionan ofrecen unos resultados que no son representativos de la realidad.
Desde la asociación ecologista se recuerda que el dióxido de nitrógeno (NO2) provoca cada año alrededor de 7.000 muertes prematuras en España, según el Instituto de Salud Carlos III y la Agencia Europea de Medio Ambiente, 500 de ellas en las ciudades de Castilla y León. Es un gas irritante que agrava las enfermedades respiratorias y merma la resistencia a las infecciones, incrementando la mortalidad de enfermedades como la COVID-19.
En este sentido, la organización ambiental recuerda que el primer criterio legal de ubicación de las estaciones de medición es implantarlas en “las áreas situadas dentro de las zonas y aglomeraciones que registren las concentraciones más altas a las que la población puede llegar a verse expuesta”. Regla que a la vista de los resultados de las campañas de medición de Ecologistas en Acción está siendo incumplida palmariamente por la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid.
