El Sindicato de Profesionales del Transporte y Emergencias Sanitarias (SP-TES) ha emitido un comunicado de prensa contra la Gerencia de Salud de Área de Salamanca, acusándola de una "falta total de control" sobre las empresas encargadas del transporte sanitario en la provincia: Ambulancias Rodrigo (HTGroup) y Ambulancias Fabián Martín.
Según la organización sindical, esta dejadez administrativa está permitiendo que las adjudicatarias recorten en personal, afectando gravemente tanto a las urgencias como al transporte programado (diálisis, rehabilitación y altas).
Los datos presentados por SP-TES son alarmantes. Entre el 1 de enero y el 9 de marzo de este año, se han registrado más de 3.100 horas extraordinarias en el servicio de emergencias.
"Esas horas representan la jornada completa de 9 personas adicionales. Las empresas no contratan para cubrir incidencias, solo lo hacen cuando prevén bajas de larga duración, obligando a la plantilla actual a realizar jornadas extenuantes", denuncian desde el sindicato.
De mantenerse este ritmo, SP-TES estima que el año cerrará con más de 15.000 horas extra, una cifra que califican de "auténtica locura" pero que, lamentablemente, ya se ha alcanzado en ejercicios anteriores sin que la administración haya intervenido.
Déficit crítico en el transporte programado
La situación no es mejor en el servicio programado, según la denuncia de SP-TES. El sindicato alerta de que, mientras el contrato con el Sacyl estipula la presencia de 57 profesionales diarios de lunes a viernes, la realidad es muy distinta.
A diario estiman que faltan entre 7 y 10 profesionales cada día y que en muchas ocasiones no se llega a los 50 trabajadores.
Sin ir más lejos, aseguran que el pasado domingo, 26 de abril, solo estuvieron operativas dos ambulancias de las cinco que debería haber según el contrato.
Por otro lado, SP-TES también denuncia que las empresas desvían personal del sistema público para atender servicios privados, lo que reduce aún más la capacidad de respuesta para los pacientes de la Seguridad Social. Esto se traduce en rutas interminables y retrasos en tratamientos vitales.
Para el sindicato, el responsable último es el Sacyl por no exigir el cumplimiento de los pliegos de condiciones.
"Parece que a la Administración le da igual que los pacientes lleguen tarde. El dinero de los castellanos y leoneses debe estar controlado y en el transporte sanitario no lo está, a pesar de ser una de las puertas de entrada al sistema público de salud", concluyen.
