El acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos de este jueves para el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado acoge también diferentes medidas tributarias entre el que destaca la recuperación del subsidio por ddesempleo para mayores de 52 años, una medida que además está siendo discutida también en el diálogo social, y cuyo impacto presupuestario se cifra en 323 millones de euros. Actualmente, la edad de acceso es de 55 años.
En lo que tiene que ver con los impuestos, las grandes fortunas, cifradas en aquellas que superen los diez millones de euros, deberán pagar un 1% más de lo que hacen actualmente. Además, el tipo máximo del IRPF se elevará también dos puntos para las rentas a partir de 130.000 euros en 2019, mientras que aumentará en cuatro para los que superen 300.000 euros. Actualmente se encuentra en el 45%.
La fiscalidad del ahorro también se incrementará en cuatro puntos porcentuales para las rentas superiores a los 140.000 euros desde el 23% actual. Se creará, asimismo, un impuesto sobre servicios digitales que gravará a las empresas con ingresos anuales de al menos 750 millones de euros que, en España, sean de más de tres millones. Este será de un 3% para los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario. Otro Impuesto sobre las Transacciones financieras también gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.
En lo que respecto a las bajadas, en el caso de aprobación del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, cuyo proceso todavía es largo, bajará del 10% al 4% el IVA aplicado a los productos de higiene femenina y se reducirá al 10% desde el 21% los servicios veterinarios. Disminuirá también en dos puntos porcentuales hasta el 23% el Impuesto de Sociedades para pequeñas empresas que facturen menos de un millón de euros.
El Impuesto de Sociedades, además, contará con una tributación mínima de un 15% sobre la base imponible para los grupos que tributan en régimen de consolidación fiscal y a las empresas no integradas en grupos cuyo importe neto de la cifra de negocios sea superior a los 20 millones de euros, por lo que no afectará a las pymes. Para las entidades de crédito y explotación de hidrocarburos el tipo de gravamen será del 18%.
Autónomos, reforma laboral y otras medidas
Por otro lado, según el documento de este acuerdo entre PSOE y Podemos, se buscará la derogación de los aspectos "más lesivos de la reforma laboral" incluso antes de que finalice 2018, como aquellos que tengan que ver con cuestiones de negociación colectiva y la aprobación de una nueva regulación laboral con "carácter prioritario y urgente" que contemple ampliar el régimen de no caducidad del convenio colectivo.
Además, el sistema de cotización de los trabajadores autónomos se verá modificado en caso de aprobación de manera que se vinculará la cotización a los ingresos reales, garantizando a los que tengan menores ingresos una cotización más baja.
En materia de autónomos ambas partes han acordado también combatir, antes de finalizar 2018, la proliferación de los llamados 'falsos autónomos' a través de una serie de medidas, entre ellas el establecimiento en la ley de la presunción de que, salvo prueba en contrario, se considerarán relaciones laborales por cuenta ajena la prestación de servicios en la que los ingresos obtenidos por los trabajadores procedan de un único cliente o empleador.
Asimismo, han pactado evaluar y revisar, en un plazo de cuatro meses, el régimen especial de criterio de caja en el IVA para hacerlo atractivo a autónomos y pequeñas empresas y conseguir que sea un sistema efectivo de diferimiento de ingresos del IVA hasta el cobro de sus facturas.
En otras medidas, se reducirá a 1.000 euros los pagos que se pueden realizar en efectio a empresarios y profesionales y se prohibirán las amnistías fiscales. Se reducirá, además, el importe de la deuda para ser incluido en la lista de morosos a los 600.000 euros y se desarrollará un Ingreso Mínimo Vital, con un incremento de la prestación pero con la posterior creación de un programa de garantía de renta para familias sin ingresos, o con ingresos muy bajos.
Por último, las horas extra volverán a cotizar a la Seguridad Social después de que hayan vuelto a incrementarse tras la crisis, las cuales, además, tratarán de reducirse con bonificaciones.
