Según el anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia que ha elaborado el Gobierno y que tiene como marco el acuerdo europeo sobre teletrabajo, los empleados que teletrabajen tendrán derecho al "horario flexible" y podrán "alterar" dicho horario respetando la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso, salvo en el caso de los tiempos de disponibilidad obligatoria o los límites que se hubieran acordado. Además, el texto normativo, que ahora se negociará con los agentes sociales, fija que los costes que conlleve para el trabajador el desarrollo del trabajo a distancia deberán ser sufragados en su "totalidad" por la empresa.
El anteproyecto también recoge que el trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y requerirá acuerdo de trabajo a distancia, si bien los contratos en prácticas y los contratos para la formación y el aprendizaje no admiten acuerdo de trabajo a distancia, sin perjuicio del desarrollo telemático, en su caso, de la formación teórica vinculada a estos últimos. Además, señala que no sufrirán perjuicio en sus condiciones laborales, incluyendo retribución, estabilidad en el empleo y promoción profesional, por el hecho de desarrollar su actividad, en todo o en parte, a distancia.
Confaes, en contra por el momento
El anteproyecto precisa que las empresas podrán establecer "medios de control empresarial de la actividad" para el trabajo a distancia, pero no un control "intensivo o permanente" que atente contra el derecho a la intimidad, por desproporcionado, de acuerdo con una sentencia del Tribunal Constitucional.
Sin embargo, algunas de las propuestas del texto, como que la empresa se haga cargo de todos los gastos directos e indirectos de trabajar desde casa o nuevos derechos para los empleados sobre teletrabajo, han hecho saltar las alarmas en la patronal. Recientemente, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, amenazó con deslocalizaciones en el caso de que se apliquen “criterios poco atractivos y con rigidez”. “Si tengo que contratar y se me ponen condiciones imposibles y que no pueda gestionar a mi plantilla, es que yo mañana puedo contratar en Portugal...”, aseguró hace unos días Garamendi en Onda Cero.
La Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (Confaes) se ha sumado a las consideraciones de la patronal en contra del anteproyecto, afirmando que se ha concebido "al margen del diálogo social". "Es un texto desequilibrado, de enfoque errático, apartado de la realidad del tejido productivo y de las necesidades de empresas y trabajadores, que lejos de fomentar con garantías la utilización de esta forma de organización del trabajo podría desincentivar su implantación en España y ralentizar su consolidación", indican desde la agrupación salmantina.
Teletrabajo, crisis sanitaria y la España Vaciada
Y es que la crisis sanitaria derivada del Covid-19 ha hecho que el trabajo a distancia se muestre como el mecanismo más eficaz para asegurar el mantenimiento de la actividad durante la pandemia, de forma que no solo se ha reforzado la tendencia a la normalización del trabajo a distancia que ya se anticipaba con anterioridad a la misma, sino que incluso su utilización se ha llegado a configurar como preferente, tanto en España como en otros países europeos.
Pero claro, hasta el inicio del estado de alarma, el teletrabajo era una tarea pendiente en España. En nuestro país sólo un 7,9% de los trabajadores se conectaba a distancia para desempeñar su trabajo, según un estudio de Adecco realizado en el cuarto trimestre de 2019. Pero la crisis sanitaria y el confinamiento han modificado las reglas de juego y han obligado a trabajar desde casa a gran parte de la sociedad. Ha sido una situación coyuntural fruto de la pandemia, pero que los expertos consultados entienden que ha llegado para quedarse.
Así pues, con gran parte de los empleados realizando sus funciones desde casa, ¿tiene sentido el formato de gran ciudad que aglomera gran parte de la población de un país y de los puestos de trabajo? ¿Puede ser el teletrabajo una gran oportunidad para la repoblación de determinadas provincias, como Salamanca?
En declaraciones realizadas a El Economista, Elena Cebrián, secretaria general para el Reto Demográfico, afirma que durante la situación de dificultad generalizada que hemos vivido en España, resulta fácil caer en la tentación de idealizar otras formas de vida, como la que imaginamos en pequeños núcleos de población donde parece posible acceder a viviendas más amplias y mejores a menor precio", así como vivir más tranquilos lejos de las grandes megaurbes como Madrid o Barcelona.
Sin embargo, la secretaria general para el Reto Demográfico explica que está crisis también debe servir para poner el foco en la dificultad de acceso que hay en los pueblos a los servicios básicos como los centros sanitarios, educativos o la conectividad por banda ancha. "Debemos encontrar la manera de aplicar las lecciones que de forma tan dura nos está enseñando la pandemia. Es tiempo de repensar las ciudades, pero también de meditar sobre la vida en áreas rurales para mejorar las mejores condiciones de vida en unos sitios y en otros", asegura Cebrián.
Consultorios rurales, trenes y conexión de banda ancha son los principales problemas de Salamanca
Y Salamanca tiene algunos problemas propios de las zonas rurales, como es el de los centros sanitarios rurales, los ahora mismo desastrosos enlaces ferroviarios por decisión unilateral del Gobierno y Renfe y la deficiente conexión a Internet.
En este último punto, la brecha digital de la provincia de Salamanca es más que llamativa. Pese a que la Ley General de Telecomunicaciones establece que todos los usuarios tienen derecho a una conexión a la red pública que les permita realizar comunicaciones de voz y datos, a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet; la realidad en la provincia es otra: Salamanca tiene 270 municipios y casi 800 núcleos poblaciones incluidos en la lista de zonas blancas, es decir, la denominación que la Secretaría de Estado para el Avance Digital da a las áreas que no disponen de cobertura de redes de banda ancha de nueva generación ni previsión de tenerlas en un plazo de tres años.
Estas zonas no se corresponden con municipios, sino con lo que denominan como Entidades Singulares de Población (ESP), es decir, la modalidad más pequeña en la que se divide el territorio. Y esas áreas, 707 en Salamanca, no acogen a municipios pequeños. Algunas localidades como Alba de Tormes, Ledesma o Fuentes de Oñoro adolecen de una precaria conectividad, incluso muy próximas a la capital salmantina. En total, más de 41.000 personas.
