La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León ha exigido este viernes ante la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Ordenación que las mejoras del dispositivo de lucha contra el fuego llegue a “todo el sector”, tanto a los trabajadores públicos como a los empleados de empresas privadas, “sin distinciones”, y a todas las categorías.
Unas 40 personas de este colectivo se concentraron frente al edificio que alberga el departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñonez, donde denunciaron que se prevé dejar fuera de las “supuestas mejoras” del operativo para la prevención y extinción de incendios a los 250 vigilantes de las torretas, una de las tres categorías que conforman el colectivo de empleados fijos-discontinuos.
El portavoz de la organización, Román García, detalló que en principio, el preacuerdo alcanzado en la Mesa del Diálogo Social sí englobaría a los peones de montes y conductores de autobomba, que pasarían a tener una prestación laboral de un año completo. De aplicarse la ampliación este mismo año, un 60 por ciento de los 900 trabajadores del operativo se irían a la calle en octubre hasta la siguiente campaña.
Si bien ha trascendido que un 43 por ciento del operativo es público respecto al resto, que sería privado, García aseguró no conocer el porcentaje “exacto”, pero sí respondió al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, “que no es un modelo mixto público-privado como él dice, sino un modelo mixto, privado con una parte pública”. “Se está primando a la parte privada por encima de la pública, cuando es un servicio esencial y debería ser público”, sentenció.
En ese punto, llamó la atención sobre la posibilidad de dejar fuera a los escuchas a pesar de la “promesa” del consejero. “Reivindicamos que se les tenga en cuenta para la ampliación prometida a doce meses, igual que al resto de trabajadores, y la parte del año que no están en las torretas puedan realizar otras labores de prevención en el monte, algo que recoge el convenio colectivo”, explicó ante los medios, en una protesta en la que también cargaron contra los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, a los que acusaron de “no representar” al colectivo y dejarlos fuera de la Mesa del Diálogo Social.
Durante la protesta se pudieron leer pancartas que recordaban al trabajador forestal fallecido en el incendio de Losacio (Zamora) con 62 años, quien al no contar con categoría de bombero forestal “no pudo prejubilarse”. También llamaron la atención sobre la “formación precaria y el alto riesgo laboral” y reprocharon que “desde junio” han escuchado “muchas palabras pero cero mejoras”. Otro mensaje alertaba de que una mascarilla FFP2 es lo único con lo que cuentan para protegerse de los “gases cancerígenos y tóxicos del humo”.
Román García señaló que en materia de personal laboral ya se ha alcanzado un preacuerdo, del que aseguró “no tener detalles” por ausencia de información, pero para el que se ha establecido “un periodo de tres años para pasar a una prestación de doce meses”, en la cual, a día de hoy, se quedan fuera los escuchas, “que en algún caso podrían verlo ampliado en algún mes, cuando se había prometido que serían todos los empleados fijos-discontinuos”.
Las “especificidades del modelo”
En una movilización convocada por trabajadores organizados, “sin ninguna sigla sindical detrás”, García recordó que en la Mesa del Diálogo Social están sentados UGT y CCOO, además de CEOE Castilla y León. En este sentido, entendió que “no es el ámbito de negociación porque los empleados públicos tienen unas mesas específicas en las que están representados otros sindicatos que tienen representación en la Administración Pública”. Además, cuestionó la presencia de la patronal en una mesa de empleados públicos.
Al respecto, matizó que lo que se está acordando en la actualidad en la Mesa del Diálogo Social “no es el modelo, sino las especificidades”, al contrario de lo que aseguró ayer el consejero de Economía y Empleo, Carlos Fernández Carriedo, tras el Consejo de Gobierno. En todo caso, opinó que el modelo “tampoco tendría que negociarse en una mesa de negociación con los sindicatos”, sino que es “potestad” de la Junta su definición, porque está “obsoleto y anticuado, ya que se basa en el plan Infocal, que data de 1991”. “La Junta debería empezar sus deberes por renovar el plan, que es el modelo. Y luego las concreciones en cuanto a las mejoras del operativo, que se celebren las de la parte pública en las mesas de empleados públicas, y las privadas en la Mesa del Diálogo Social”, instó.
Categoría de bombero forestal
Por último, recordó la reivindicación histórica para que todo el operativo cuente con la categoría de bombero forestal, que “tiene implicaciones en cuanto a seguridad y salud laboral, formación y coeficientes reductores para la jubilación”. Aunque admitió que es una competencia del Gobierno central, sostuvo que hay algunas autonomías que ya han reconocido esta figura por voluntad propia, como Extremadura, Andalucía o Galicia, por lo que pidió lo mismo para Castilla y León.
