Los trabajadores de Justicia de Salamanca se han concentrado en la mañana de este viernes ante los juzgados de la capital, para rechazar el nuevo modelo organizativo que trata de imponer el Ministerio de Justicia, sin haberlo negociado previamente. La futura Ley de Eficiencia Organizativa (LEO), actualmente en tramitación parlamentaria, implicará una serie de relevantes modificaciones de las condiciones laborales que no se han hablado previamente con los representantes de los trabajadores y que, por tanto, vulneran la negociación colectiva, subraya CSIF.
Esta concentración es la primera de un calendario de movilizaciones que continuará hasta que el Ministerio de Justicia se siente a negociar la futura LEO, y se comprometa a solucionar los problemas históricos que arrastra la Justicia española, afirma CSIF, principal representante de Justicia y convocante de esta protesta junto con otros sindicatos. La concentración ante las sedes judiciales se repetirá el próximo día 16.
La nueva ley, actualmente en trámite parlamentario y que se aprobará en los próximos meses, supone que los complementos retributivos, jornada, horarios, la distribución de las plazas, las funciones y tareas de cada uno de los servicios y de cada puesto, o la provisión y las opciones de elegir diferentes destinos, vendrán ya predeterminados a la mesa de negociación por los criterios aprobados entre el Ministerio y las comunidades autónomas.
CSIF subraya que el Gobierno “está más interesado en la lucha partidista y el politiqueo en los órganos fundamentales de la Justicia, cuando la prioridad sería dotarla de más y mejores medios para hacerla más ágil y más eficaz para el ciudadano”. Esta organización sindical recuerda que hay un déficit de 22.000 plazas en España, desde jueces a personal de auxilio judicial. Hay equipos informáticos que no funcionan y desfasados, juzgados que se caen a pedazos, y una plantilla totalmente sobrepasada que defiende sus condiciones laborales porque hay riesgo real de que empeoren, insiste CSIF, que ha lamentado que son los ciudadanos, “una vez más, quienes pagan las consecuencias soportando una justicia lenta y excesivamente burocrática”.
