Los diferentes grupos sindicales celebran con éxito que los trabajadores de prisiones reconocidos como agentes de la autoridad, lo que hará que lo presos que agredan a los funcionarios se enfrenten a penas de hasta cuatro años, además de tener derecho a indemnización en caso de que ocurran hechos graves, tanto en el aspecto físico como en el material.
Paco Herrero, representante de prisiones de CSIF Salamanca y presente en el debate parlamentario, ha indicado que “en la práctica nos importa que los presos lo sepan para que se piensen dos veces el agredir a uno de los funcionarios”.
Esta reforma es una de las que se lleva esperando desde hace mucho años, solicitando esta medida que por fin ha visto la luz con el voto a favor del Partido Socialista, Partido Popular, Vox y Junts, lo que hace que haya causado una gran satisfacción entre las organizaciones sindicales que se han acercado hasta madrid para conocer de cerca cuál era la valoración.
Eso sí, también han dejado claro que el principal objetivo es que aumente el respeto al funcionario, teniendo en todo momento presente que en el caso de agredir a uno de los trabajadores, podría enfrentarse a penas de entre tres y cuatro años.
En concreto, la consideración de agente de autoridad para los trabajadores de prisiones supone: reconocimiento legal ante todas las administraciones, sus informes serán base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba de lo contrario, compensación económica por parte de la Administración en caso de daños personales o materiales sufridos durante el servicio, garantía de separación del resto de detenidos en traslados o ingresos en prisión y garantías de seguridad para todos los trabajadores, incluyendo el personal laboral.
Hace tan solo unos meses, un preso agredía a tres funcionarios del Centro Penitenciario de Topas, siendo considerado el interno una de las personas más problemáticas del lugar.
