Aunque se estima que uno de cada cinco accidentes de tráfico está provocado por un mal uso del móvil al volante, este tipo de infracciones, lejos de disminuir, crecieron en 2023 más de un 43 por ciento en las carreteras de la Comunidad, hasta las 6.388, según los datos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Castilla y León a los que tuvo acceso Ical.
Tras la caída en 2022 de este tipo de denuncias como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial, que elevó de tres a seis puntos la sanción siempre que se circule sujetando el móvil con la mano, el efecto de este endurecimiento parece haberse diluido entre los conductores. Así lo argumenta el jefe del Sector de Tráfico, el teniente coronel Francisco González Iturralde, que reconoce que se trata de un incremento preocupante en una infracción grave y difícil de detectar para los agentes.
La mayoría de este tipo de infracciones es detectada por coches patrulla camuflados de la Guardia Civil, aunque en ocasiones los conductores pierden tanto la atención en la conducción que incluso los infractores son sorprendidos por motoristas o patrullas con vehículos rotulados, según explica González Iturralde, que también muestra su preocupación por la subida que se ha registrado en las denuncias por no usar el cinturón de seguridad. El pasado año se tramitaron 9.258 denuncias, lo que supone una media diaria de 25 y demuestra que hay un porcentaje elevado de conductores que incurre en una conducta de riesgo que agrava las lesiones en caso de siniestro e incluso puede provocar una muerte evitable. “Estamos hablando de uno de los sistemas de seguridad que más vidas salvan”, subrayó.
En total, en 2023 los agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Castilla y León, una unidad integrada por 1.300 efectivos, tramitaron 238.131 denuncias, lo que supone un incremento del 5,2 por ciento con relación a las del año 2022. Esta cifra, según adelantó González Iturralde, descenderá previsiblemente este año, en el que las patrullas de Tráfico de la Guardia Civil están dedicando muchas horas a dar seguridad vial a las protestas del sector primario que se vienen repitiendo desde hace mes y medio, escoltando a las columnas de tractores que se manifiestan, en detrimento de su habitual labor preventiva y de vigilancia en carretera.
Como es habitual, más de la mitad de las denuncias corresponden a excesos de velocidad detectados por los radares móviles. En concreto, el pasado año se tramitaron 135.598, lo que supone una caída del 6,2 por ciento. En segundo lugar, pero a mucha distancia, se situaron la multas por circular con la ITV caducada (21.743). Después, y tras el cinturón de seguridad y el uso del móvil, se sitúan las sanciones por dar positivo en el control de alcoholemia (5.428), conducir sin seguro obligatorio (3.464) y por el mal estado de los neumáticos (2.906).
Por provincias, Burgos se situó en cabeza con 51.453 denuncias, por delante de Valladolid, con 35.573 y de León que sumó 29.259. En el extremo opuesto se situó Zamora (13.694), seguida por Palencia (16.299), Soria (19.125) y Ávila (21.503). En Salamanca se tramitaron 29.198 y en Segovia 22.027.
Delitos
Además de las denuncias, durante el pasado año el Sector de Tráfico de la Guardia Civil también detuvo o investigó a 1.978 conductores por delitos contra la seguridad del tráfico, una cifra ligeramente menor a la registrada en 2022, cuando se alcanzaron los 2.014, lo que supone una caída del 1,7 por ciento.
La conducción bajo los efectos del alcohol continúa siendo la primera causa de los delitos contra la seguridad vial, con 922 investigados o detenidos, un 4,3 por ciento menos, por detrás de las personas investigadas por conducir sin carné, por no tener el permiso en vigor o por hacerlo sin haber obtenido nunca el mismo. Así, el pasado año se investigó por este delito a 830 conductores, 18 menos que en 2022.
De estos 830 investigados, 456 fueron por conducir habiendo perdido todos los puntos del permiso, 280 por manejar un vehículo sin haber obtenido nunca el carné; 89 por hacerlo después de haberlo perdido cautelarmente por una sentencia judicial y cinco casos fueron personas que habían sido privadas definitivamente de la licencia por decisión judicial.
Además, se iniciaron diligencias penales a 51 conductores que se negaron a someterse a la prueba de alcoholemia (17,7 por ciento menos); 31 por exceso de velocidad (-22,5 por ciento más), 56 por conducción temeraria (60 por ciento más), 43 por conducir bajo los efectos de drogas (138,9 por ciento más), 13 por abandono del lugar del accidente y ocho por delito de grave riesgo para circulación.
Con relación al consumo de drogas, González Iturralde explicó que se está impulsando la aplicación de una Instrucción elaborada por la Fiscalía de Seguridad Vial para investigar este tipo de delitos y que provocará, previsiblemente, que más positivos por drogas acaben en sede judicial.
Por provincias, León se situó en cabeza con 347, lo que supone una caída del 13 por ciento con relación al año anterior, seguida de Valladolid, que sumó 311 (-7,1 por ciento) y Burgos, con 264 (+4,7 por ciento). El mayor incremento correspondió a Soria, con un 21,7 por ciento (140), mientras que en Segovia la subida alcanzó un 19,25 por ciento (192). En Palencia el descenso fue del 11,9 por ciento (155), y del 1,8 por ciento en Ávila (160). En Salamanca se contabilizaron 175 delitos contra la seguridad vial (+1,2 por ciento) y en Zamora 207 (+5,6 por ciento).
