En su intervención, Blanco ha querido inicialmente agradecer a todas las personas que están trabajando por y para los más vulnerables, afirmando inmediatamente después que ahora mismo, entre otras cuestiones relevantes, a la Consejería le preocupan "las situaciones que viven menores de edad que se quedan solos porque sus padres son hospitalizados por el coronavirus". En este sentido, se ha creado un protocolo y se ha habilitado un centro en cada provincia, principalmente en residencias estudiantiles, para que los menores puedan permanecer allí, encontrándose en todo momento atendidos por personal sanitario y de servicios sociales de la Junta.
La consejera ha indicado que por el momento sólo se ha detectado un caso de este tipo en Palencia y dos en Valladolid.
El caso de la residencia de Ciudad Rodrigo intervenida por la Junta
Isabel Blanco ha transmitido que la intervención en las residencias de ancianos es una "situación excepcional" ante el colapso del centro. "La intervención es organizativa, con el fin de garantizar la salud de los ancianos que están allí, con la intención de garantizar que se encuentran en las mejores condiciones", ha afirmado.
En este sentido, sobre el caso de la residencia 'Caracillo' de Ciudad Rodrigo, intervenida recientemente, Blanco ha explicado que la intervención se realizó debido a los problemas que el centro tenía para conseguir personal que atendiera a los internos, por lo que se decidió trasladar a treinta ancianos a otra residencia de la capital salmantina, en este caso 'Montevideo', que se ofreció voluntaria y tenía un ala vacía en su edificio, pudiendo ser atendidos allí. "La intervención es temporal y no tiene por qué durar todo el periodo de alarma", ha asegurado la consejera.
"Desde el primer momento hemos tratado de contar la realidad de las residencias. Los datos no son buenos porque sigue aumentando el numero de fallecidos; pero con respecto al primer día en el que se tomaron los datos, la cifra que se incrementa cada día es menor", ha indicado. También ha asegurado que la Junta no puede ofrecer los datos de afectados en las residencias privadas, por una cuestión de protección de datos.
