El Sindicato de Enfermería SATSE de Castilla y León ha valorado positivamente la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que supone un nuevo rechazo al Decreto 14/2017, de 31 de julio, de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a personas mayores de Castilla y León.
La Junta de Castilla y León había presentado un recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en noviembre de 2018 que anulaba dicho Decreto y el Supremo no ve motivos para aceptar la casación y condena al pago de costas a la Administración Autonómica, lo que también es gravoso para las arcas públicas, sustentadas por todos los ciudadanos, según explica el sindicato en una nota de prensa.
De la misma manera, recuerdan que dicho Decreto se dictó tras ser anulado otro de 2016 también por sentencia judicial, en la que se consideró que para aprobar ese Decreto de 2016 no hubo el estudio económico exigido legalmente.
Para SATSE, es incoherente que la Consejería de Familia esté tramitando un nuevo Decreto a la vez que recurre el de 2017, manteniendo las mismas condiciones, que repercuten negativamente en la asistencia a los residentes.
Por ello, SATSE critica que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades siga insistiendo en seguir adelante con esta normativa reguladora de la autorización y funcionamiento de estos centros, que perjudicará notablemente la asistencia para los residentes de los mismos. Uno de los motivos es que en el Decreto se alude a un número mínimo de profesionales establecido en función del número de usuarios, pero no de su grado de dependencia y sus dolencias, como sí establecía la normativa anterior de 2001.
SATSE Castilla y León impugnó este Decreto de 2017 porque suponía un cambio de modelo asistencial respecto al Decreto de 2001, ya que el de 2017 despojaba a estos centros del carácter sanitario y a la vez regulaba de forma escasa, poco clara e imprecisa la ratio de profesionales enfermeros con que debían contar. De este modo, dejaba la puerta abierta a que estos centros se abrieran y funcionaran sin contar con suficientes médicos, enfermeros, fisioterapeutas, etc., recurriendo a los de Sacyl y sobrecargando el Sistema de Salud de la Comunidad, aparte de no garantizar una asistencia suficiente y de calidad a los residentes, que no hay que olvidar, son personas mayores, en su mayoría pluripatológicos y dependientes.
Sin embargo, Familia sigue queriendo implantar este nuevo modelo, pese a que establece que se eliminan las camas de las unidades de convalecencia (fruto de un acuerdo entre Familia y Sanidad) que estaban destinadas a cuidados de pacientes con un proceso agudo derivados de centros hospitalarios.
Por el contrario, el Decreto de 2017 también deriva los cuidados sanitarios al centro de salud, lo que repercutirá negativamente en la enfermería de Primaria, que añadirá a su trabajo en el centro de salud, el de estas residencias. Teniendo en cuenta las características de grandes dependientes de muchos de los usuarios de las mismas, y que se reduce el número de enfermeras de ellas, la enfermera de Primaria se verá obligada a pasar gran parte de la jornada en dichas residencias y se saturará la asistencia en los centros de salud.
De hecho, ahora en verano, se producen problemas en la asistencia en las residencias públicas y privadas porque no hay suficientes sustituciones de enfermería y además, la Gerencia de Servicios Sociales tampoco encuentra enfermeras para cubrir esas sustituciones por las malas condiciones laborales y profesionales que ofrece.
Así, la intención de la Consejería de Familia es seguir estableciendo que estos centros dispongan, hasta 2022, de una enfermera por cada 100 residentes y solo de lunes a viernes (incrementándose en media por cada 40 residentes más) y a partir de 2022, de una enfermera a media jornada por cada 100 usuarios y solo de lunes a viernes (con un incremento también de media enfermera por cada 40 usuarios más con que cuente el centro). Antes de este Decreto de 2017, los centros de la Gerencia de Servicios Sociales disponían de 20 enfermeras y enfermeros por cada 300 residentes, lo que suponía una enfermera a jornada completa por cada 15 usuarios.
