UGT Servicios Públicos CyL denunció este viernes, 6 de mayo, en rueda de prensa la situación laboral de los trabajadores de los Centros Asistenciales de Discapacidad privados, pidiendo un mayor compromiso económico de la Junta de Castilla y León. También han solicitado que estos centros, vitales para la integración de las personas con capacidades diversas, tengan una gestión pública porque no todas las provincias de Castilla y León cuentan con un centro público. De hecho, actualmente, las provincias de Ávila, León y Segovia no disponen de un centro de gestión pública para personas discapacitadas. Aún más, el 80% de la gestión de los centros privados de la comunidad se encuentra en manos privadas. Y su beneficio, según Tomás Pérez Urueña, secretario general de UGT SP Castilla y León, lo obtienen como consecuencia de las condiciones precarias de sus profesionales (cuidadores, enfermeros, profesores de talleres, fisioterapeutas, psicólogos, etc).
Para Pérez Urueña, “los trabajadores están mal pagados, poco reconocidos y totalmente olvidados”. Por eso, desde UGT han solicitado un complemento autonómico (como el de Baleares, Aragón o Murcia) para que estos trabajadores completen sus “exiguas nóminas porque son esenciales y han sido imprescindibles en la pandemia”.
Por su parte, Esther Valdunciel Devesa, responsable de Enseñanza Privada de UGT SP Castilla y León, ha incidido en la necesidad de valorar a los trabajadores tanto a través de la mejora salarial, por el tipo de contratación y en la clasificación de sus categorías. El actual convenio se firmó en 2019, aunque desde UGT han recordado que su organización no firmó el de 2006 porque “se perdieron, con él, muchos derechos” y, a partir del mismo, las condiciones empeoraron notablemente para los trabajadores del sector. En esta línea, Valdunciel ha explicado que se trata de un “sector muy feminizado, con contratos parciales y, en consecuencia, con una percepción salarial muy por debajo del SMI. El trabajo, además, conlleva una sobrecarga física y psicológica. El cambio es necesario y urgente”.
En su turno de palabra, Juan Ignacio Vargas Juárez, responsable de Enseñanza Pública de UGT SP Castilla y León, ha aseverado que, “si la sociedad entiende que las condiciones de vida de las personas dependientes deben ser las mejores posibles, los trabajadores que se encargan de su cuidado también deben de tener unas condiciones dignas. Por eso, hemos solicitado a la consejería una reunión para solicitar la homologación salarial, el complemento autonómico y la gestión pública de todos los servicios relacionados”
De acuerdo con UGT, “la Administración se tiene que implicar de principio a fin, no solo aportando un presupuesto a ciertas fundaciones y reconociendo su labor con premios de vez en cuando. Si queremos de verdad la integración, debemos dignificar a las personas que trabajan en esos servicios. Ya está bien de olvidar y aparcar a estas personas y a los profesionales que los atienden”.
