En los últimos meses, se dio a conocer que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) del Estado fijaba el 18 de diciembre de 2026 como fecha de clausura del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) de Salamanca. Ante esta decisión, varias entiidades como el CSIF se pronunciaron en contra del cierre del edificio.
Ahora, el partido político Unión del Pueblo Leonés se suma a esta preocupación ante "la falta de anuncios que pudiesen hacer deducir una marcha atrás en el cierre planteado para el CRMF de Salamanca o su traspaso a la administración autonómica", explican, haciendo referencia a que el secretario del IMSERSO, Antonio Balbontín, apuntó que probablemente el 1 de enero de 2027 tanto dicho centro como su plantilla estarían transferidos a la Junta de Castilla y León.
Así, UPL registra una batería de preguntas en las Cortes autonómicas para reclamar que se garanticen tanto los servicios como los puestos de trabajo en Salamanca que ofrece dicho Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física.
Además, tal y como recuerdan desde UPL en su iniciativa parlamentaria, actualmente no ha habido confirmación ni del posible traspaso del CRMF de Salamanca a la administración autonómica que mencionaba el secretario del IMSERSO, lo que para los leonesistas “deja en una situación de incertidumbre tanto a usuarios del centro como al medio centenar de trabajadores del CRMF de Salamanca”.
Por ello, desde Unión del Pueblo Leonés han preguntado en las Cortes a la Junta si va a aceptar el traspaso del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Salamanca planteado desde el IMSERSO, en qué punto se encuentra la negociación para su posible traspaso, así como si tiene conocimiento el gobierno autonómico de que el IMSERSO se plantease dar marcha atrás y mantener la gestión y actividad del CRMF de Salamanca, especialmente en el caso de no darse un acuerdo para su traspaso a la comunidad autónoma u otra administración.
Del mismo modo, desde UPL piden al gobierno autonómico que, en caso de aceptar el traspaso del CRMF de Salamanca, no haya consecuencias laborales para sus trabajadores, reclamando que estos conserven tanto su puesto de trabajo en Salamanca como sus condiciones laborales, exigiendo asimismo a la Junta que, en caso darse dicho traspaso, no haya tampoco consecuencias para los usuarios del CRMF en cuanto a que puedan seguir recibiendo en Salamanca la misma atención, tratamientos, programas y procesos de rehabilitación.
