Activistas de la organización Brave Movement, junto con supervivientes de abusos sexuales y el primer denunciante del caso Montserrat, Miguel Hurtado, se concentrarán este martes, 23 de septiembre, frente al Congreso de los Diputados. El objetivo de la movilización es presionar para que los delitos de pederastia no prescriban, una medida que, según denuncian, lleva un año paralizada en el Parlamento español a pesar del voto favorable de la mayoría de los partidos en Europa.
Los convocantes señalan la "incoherencia" entre el voto de los partidos españoles en el Parlamento Europeo —donde PP, PSOE, Sumar, Podemos y otros votaron a favor de una directiva que elimina los plazos de prescripción en casos de abuso infantil— y la situación en España, donde una propuesta de ley con el mismo fin "lleva paralizada un año". Los activistas acusan a la mayoría de la Mesa del Congreso, compuesta por PSOE y Sumar, de haber ampliado el plazo de enmiendas en 26 ocasiones.
Piden coherencia política y un pacto de Estado
La concentración exige que el Gobierno y el Parlamento actúen "de forma coherente y responsable", defendiendo la misma postura en Madrid que en Bruselas. Miguel Hurtado, uno de los impulsores, advierte que seguir negándose a la imprescriptibilidad solo "profundizará el descrédito de las instituciones democráticas". La propuesta de los activistas pasa por dos vías: el apoyo del bloque de investidura o un pacto de estado entre el PSOE y el PP.
Matthew McVarish, miembro del Comité de Lanzarote, ha expuesto su caso personal para ilustrar la importancia de la imprescriptibilidad. "Si mi tío hubiera abusado de mí en otros países europeos como España, todavía estaría trabajando con menores", afirmó, destacando la "suerte" de haber sido víctima en Escocia, donde no hay plazos para perseguir a los agresores sexuales.
Por su parte, Mie Kohiyama, miembro de un comité de supervivientes francés, ha subrayado que la imprescriptibilidad es fundamental para que las víctimas tengan acceso a la justicia. Según ella, el impacto traumático y las presiones familiares impiden que muchas víctimas denuncien durante años, lo que hace inviable que lo hagan antes de que el delito prescriba.
Si la ley sale adelante, España se convertiría en el decimosexto país de la Unión Europea en adoptar esta medida, siguiendo el ejemplo de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, entre otros. Aunque la reforma no sería retroactiva, los activistas consideran que tendría una "importante reparación simbólica", ya que eliminaría la impunidad de los depredadores sexuales.
