Tras la respuesta de las Subdelegaciones de Gobierno de Castilla y León, prohibiendo la celebración de las manifestaciones en coche convocadas por Vox en todas las capitales de provincia el sábado 23 de mayo, y en vista de las razones son por una cuestión de salud pública tras los informes favorables a dicha prohibición remitidos por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, los representantes de VOX de Castilla y León en el Congreso de los Diputados Pablo Sáez (Valladolid); Georgina Trías (Ávila); Pablo J. Liste (León); Víctor González (Salamanca); Rodrigo Jiménez (Segovia); y Pedro Jesús Requejo (Zamora), así como el Procurador en las Cortes de Castilla y León, Jesús García-Conde, han reclamado este martes, 19 de mayo, el derecho de los castellanoleoneses a manifestarse.
En el caso de Castilla y León, según los diputados, las razones expuestas carecen de sentido teniendo en cuenta que se trata "de manifestaciones en forma de caravana de vehículos, donde los ocupantes tienen que mantener forzosamente las distancias de seguridad con los viandantes y el resto de los manifestantes sin posibilidad de contacto". Además, argumentan que "del mismo modo, están protegidos por la cabina del propio vehículo y mascarillas con las que Vox pide que se cubran".
Vox ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León todas las prohibiciones y está a la espera de las resoluciones, ya que en otras regiones "ya ha habido comunicaciones de Subdelegaciones del Gobierno sin objeciones o silencios administrativos". Todos los representantes recuerdan que “en el estado de alarma declarado, no se pueden suspender los derechos constitucionales de los españoles, entre ellos, el derecho de recogido en el artículo 21.1 de la Constitución española, en el que se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa y 21.2 que menciona que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”.
Asimismo, los diputados de Vox coinciden en que “los castellanoleoneses no somos ciudadanos de segunda y tenemos los mismos derechos que ciudadanos que viven en otras comunidades autónomas a quienes si permiten manifestarse”.
No obstante, Vox insiste en que si la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no fuera favorable, la acataría y cumpliría como siempre ha hecho.
