Asimismo, la Cámara Baja ha votado casi por unanimidad, menos por un voto negativo emitido telemáticamente, la tramitación del decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que habilita a los grupos a presentar enmiendas con las que buscar su modificación.
En vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Constitución exige que en el plazo de un mes los decretos leyes deban ser debatidos y votados en el Congreso para decidir si se convalidan o se derogan.
El decreto ley fue aprobado por el Gobierno el pasado 26 de junio para prorrogar hasta el 30 de septiembre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) asociados al Covid-19 y la prestación extraordinaria para autónomos cuya actividad se haya visto mermada con la crisis, así como la creación de un nuevo fondo de garantías para la gran industria.
Las prórrogas de estas medidas laborales son fruto de las negociaciones que ha mantenido el Gobierno, en el caso de los ERTE con CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme y, en el caso de la protección a las personas autónomas, con ATA, UPTA y Uatae.
Con el decreto ley, se mantiene la protección reforzada en el anterior acuerdo para las personas afectadas por ERTE derivados del Covid-19, sean de fuerza mayor total o parcial o basados en causas productivas o tramitados en caso de rebrote; se crea la figura del ERTE de transición para empresas que aún tengan problemas para reiniciar la actividad; y se incluye un nuevo tipo de ERTE para posibles cierres como consecuencia de un rebrote.
Durante su intervención en el Congreso, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido la convalidación de la prórroga y ha instado a la Cámara a que se "alienten grandes acuerdos" para que la recuperación siga su curso y el país salga fortalecido de la pandemia.
Para Díaz, se trata de una norma que contribuirá a la reactivación económica, pero también es un compromiso con las personas y las empresas.
"Esta norma surge en un momento crítico en el que el objetivo no es solo resolver un problema más, sino consolidar trabajos, profesiones, empresas e industrias para que sean capaces de crear riqueza, asegurar derechos, reconocer esfuerzos y construir un modelo que refleje la solidaridad colectiva que hemos construido desde la pandemia", ha dicho la ministra.
Asimismo, ha puesto en valor que el decreto de ampliación de los ERTEs cuenta con la alianza de los interlocutores sociales y sus contribuciones a los debates. "Esta Cámara debe recoger su testigo", ha añadido.
