La Justicia española se prepara para tres días de parálisis. Todas las asociaciones de jueces y fiscales, a excepción de las progresistas, han convocado una huelga los próximos 1, 2 y 3 de julio en protesta por las reformas anunciadas por el Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y la Fiscalía. Las asociaciones consideran que estas medidas suponen un "ataque a la independencia judicial" y, por ende, al Estado de Derecho. Sin embargo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha descartado dar marcha atrás, asegurando que las reformas son "imprescindibles" para modernizar el sistema.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han escalado sus medidas de presión, que comenzaron con un paro de 10 minutos el 11 de junio y una concentración ante el Tribunal Supremo el pasado sábado. Fue el 17 de junio cuando estas cinco asociaciones anunciaron la huelga, condicionando su desconvocatoria a la retirada de las reformas, una propuesta que el Ministerio de Justicia ha rechazado, tal como se les adelantó en una reunión previa el 4 de junio.
Unas reformas "imprescindibles" frente al "riesgo de selección ideológica"
El ministro Félix Bolaños ha defendido las reformas en una misiva a las asociaciones, argumentando que son "imprescindibles para abordar los retos de la Justicia del siglo XXI" y para actualizar "estructuras que no se han modificado en lo sustancial desde la segunda mitad del siglo XX y, en ocasiones, desde el siglo XIX". El ministro ha invitado a las asociaciones a "participar y colaborar activamente" en el proceso de tramitación parlamentaria para proponer mejoras. Pese a ello, los representantes de las asociaciones que se reunieron con diputados socialistas consideraron las ofertas de "mejorar" el texto como un "brindis al sol", al no apreciar una verdadera voluntad de realizar los cambios reclamados.
Por su parte, las asociaciones han alertado de que las reformas minarán la independencia judicial. Entre sus principales críticas, destacan el "riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales" y una posible "rebaja de la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal", al eliminar contenido esencial y introducir pruebas más subjetivas. Respecto a la reforma de la Fiscalía, advierten de que "se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo" y "sin contrapesos" suficientes. Bolaños, en respuesta, ha calificado estos temores de "infundados", atribuyendo las reticencias a una resistencia natural al cambio en el sector, comparándolo con otras reformas importantes en la historia democrática de España.
El CGPJ advierte: la huelga carece de soporte legal
La convocatoria de huelga ha generado también un debate interno en el seno de la Justicia. Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han optado por no sumarse al paro. Además, el sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con la excepción del vocal Carlos Hugo Preciado, defiende que "los miembros de la carrera judicial, como integrantes de uno de los poderes del Estado, no tienen derecho a la huelga".
El CGPJ celebró un Pleno extraordinario donde resolvió por unanimidad que el ejercicio del derecho a huelga de los togados carece de soporte normativo, por lo que "no procede tener por anunciada la convocatoria" ni fijar servicios mínimos. Sin embargo, fuentes del órgano de gobierno de los jueces han indicado que, pese a esta resolución, el CGPJ no contempla imponer ningún tipo de sanción disciplinaria a quienes participen en la huelga. Por su parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recordado en una carta que el Ministerio Público "carece igualmente de competencias para fijar servicios mínimos", y ha instado a los fiscales a garantizar la intervención en aquellas actuaciones donde su ausencia pueda causar perjuicios directos a los ciudadanos.
Las asociaciones convocantes, por su parte, han reivindicado que "el derecho de huelga es un derecho fundamental recogido en el artículo 28.2 de la Constitución Española" y, por tanto, "no cabe interpretación restrictiva". Han advertido que "cualquier intento por parte del empleador de condicionar, obstaculizar o coaccionar la decisión de un trabajador respecto a su participación en una huelga constituye una infracción muy grave". Ante la "falta de fijación oficial de servicios mínimos", han anunciado que será el Comité de Huelga quien los establezca "para garantizar la atención imprescindible a la ciudadanía". Las asociaciones son conscientes de que el paro conlleva una "pérdida retributiva proporcional", y Justicia ya ha solicitado al CGPJ que habilite un mecanismo para detraer el salario de los días de huelga.
Finalmente, las asociaciones han anticipado que, "una vez finalizados estos tres días de huelga, y en función de la respuesta institucional y del estado parlamentario de las reformas, llevarán a cabo una evaluación conjunta de la situación" para decidir sobre la continuidad o ampliación de las medidas de presión. Cabe recordar que esta será la sexta huelga de togados en España, sumándose el ministro Bolaños a una lista de predecesores que también la afrontaron.
