La Diputación de Salamanca ha aprobado este viernes una modificación de crédito para financiar la obra de rehabilitación del Palacio de Abrantes, un edificio en el que La Salina comparte con el Ayuntamiento de Salamanca la titularidad. La parte correspondiente a la Diputación es de 428.564 euros para financiar un proyecto que concluyó en 2021 y que llevaba pendiente de ejecución desde 2017. Algo que ha criticado la oposición, que en cinco años desde que se inició la recuperación de este inmueble ubicado en la calle San Pablo no se haya firmado un convenio de gestión con el Ayuntamiento de la capital.
Además, en el pleno también se ha dado luz verde al convenio con los tres obispados salmantinos para la recuperación de templos y ermitas en la provincia. La Salina destinará 480.000 euros para las anualidades 2022-2023.
Otro punto que han votado todos los grupos a favor excepto el PSOE ha sido aprobar el reglamento que regula la estructura, organización y disposiciones obligatorias para los bomberos que forman parte del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación.
Un acuerdo que recoge la estructura de los parques de bomberos de la provincia, el personal, la organización y clasificación y que mantendrá el sistema de bomberos voluntarios con los que cuenta la Salina ahora, que estarán apoyados en los parques secundarios por dos profesionales itinerantes. Además, se establece que el parque de Villares de la Reina se convierta en el central, algo que ha criticado el diputado no adscrito al considerar que este debería estar en otras comarcas de la provincia.
También se ha aprobado por unanimidad una moción del PSOE en la que solicitan al Gobierno de España y la Junta un plan de habitabilidad y negocio en municipios rurales ligado a la rehabilitación de áreas y espacios arquitectónicos singulares. Una propuesta que pretende que los inmuebles simbólicos en los municipios puedan ser rehabilitados con el objeto de ampliar la oferta de viviendas y locales para negocios.
PP y Ciudadanos han apoyado una moción para pedir al Gobierno que no modifique el Código Penal y, por tanto, la derogación del delito de sedición.
