El Grupo Municipal Socialista de Alba de Tormes ha denunciado en las últimas horas lo que consideran como unas "graves irregularidades urbanísticas y administrativas" en la apertura de las instalaciones del Centro de Acción Social (CEAS) en las que la Diputación de Salamanca está atendiendo a los vecinos, situado en la calle Bulevar de la villa ducal.
Los socialistas aseguran que ese local en el que se ha instalado la Diputación es propiedad del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alba de Tormes, Fernando Patrocinio, y además que no cuentan con las correspondientes licencias necesarias para ejercer la actividad. Este hecho, indican, podría constituir "un delito de prevaricación administrativa por omisión", afirmando que en esta situación hay "oscuros intereses e inacción municipal".
El Grupo Municipal Socialista se pregunta cómo es posible que el equipo de Gobierno de Alba de Tormes, liderado por la alcaldesa Concepción Miguélez, permita a la Diputación de Salamanca la apertura de esas instalaciones sin tener por efectuada la comunicación ambiental de las mismas, así como por no disponer el edificio de Licencia de Primera Utilización, que es un requisito imprescindible para el inicio de estas actividades.
Así, aseguran que con fecha 3 de abril de 2020, la alcaldesa, mediante una resolución de alcaldía, comunicó lo siguiente: “No tener por efectuada la comunicación ambiental realizada por el área de Bienestar Social de la Diputación de Salamanca para actividad de Centro de Acción Social (CEAS), en el inmueble ubicado en C/ Bulevar, 1 del municipio de Alba de Tormes“. Dicha resolución hacía referencia al informe del arquitecto municipal, el cual indicaba, entre otros, la no justificación de varios cumplimientos del Documento Básico del Código Técnico de la Edificiación (CTE) sobre seguridad de utilización y accesibilidad del edificio, contraincendios y protección contra el ruido.
A solicitud del PSOE, se pidió saber al equipo de Gobierno si las citadas instalaciones habían tenido por efectuada la comunicación ambiental. La respuesta de la alcaldesa el pasado día 18 de agosto, indican, fue que "se está tramitando". Por ello, los socialistas de Alba cuestionan por qué el equipo de Gobierno, "ante una situación tan grave y conocedor de esta irregularidad, lleva más de cuatro meses mirando hacia otro lado". "¿Será tan benevolente nuestro ayuntamiento con el resto de vecinos, o solo actúa así porque el edificio pertenece al concejal de urbanismo del municipio?", se preguntan.
El asunto, para el PSOE, es de tamaña importancia, "al estar involucrados Diputación de Salamanca, que es el encargado de obtener los distintos permisos y autorizaciones, el Ayuntamiento de Alba de Tormes por permitir dicha actividad sin las licencias oportunas, y el concejal de urbanismo que además de ser responsable municipal, es el dueño del local". A esta situación administrativa irregular, además, se añade el "enigmático" proceso de alquiler de las citadas instalaciones, que para los socialista dejan todas estas preguntas en el aire: "¿Sería casualidad que el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para dicha contratación se publicara en febrero, coincidiendo con la elaboración de las candidaturas para las elecciones municipales? ¿Cuántos locales de Alba cumplían los requisitos para poder optar a dicho contrato para que solo hubiera un licitador? Si la propuesta de adjudicación por parte presidencia se hizo con fecha 24 mayo de 2019, ¿por qué a día de hoy el edificio sigue sin las licencias oportunas? ¿Por qué Diputación firmó un contrato de un local que en ese momento no existía? Si el pliego de cláusulas administrativas decía: "el arrendador está obligado a la puesta a disposición del local desde el primer día de vigencia del contrato”, ¿por qué Diputación esperó más de un año para ocupar esas oficinas? ¿Habrá cobrado el concejal el alquiler desde el día de la firma del contrato por unos servicios no prestados?"
"Las respuestas a estas preguntas sólo arrendador y arrendatario las conocen, pero lo que sí sabemos todos, porque es público, es que Fernando Patrocinio, concejal de urbanismo de Alba de Tormes, se va a embolsar con los vigentes contratos de alquiler y la posible prórroga 121.481,49 euros procedentes de Diputación, mientras nuestro Ayuntamiento permite que se desarrolle la actividad sin licencias. Exigimos al equipo de Gobierno responsabilidad, moralidad y que trabajen más para nuestros vecinos y menos para ellos mismos", finalizan los socialistas.
