Una denuncia pública de la concejala no adscrita del Ayuntamiento de Béjar, Olga García, sobre las veces que Luis Francisco Martín “ha vivido de la política”, exponiendo ejemplos de contratos de sus empresas con diferentes entes públicos, ha dejado al descubierto un hecho que, aunque se pueda ajustar a la legalidad -un juez debería determinar si existe conflicto de intereses-, la situación plantea serias dudas éticas, dado que las adjudicaciones provienen de una institución gobernada por el mismo partido político al que pertenece Martín.
Por explicarlo, lo poco ético no es que sus empresas hayan trabajado con diferentes entes públicos, algo que puede hacer cualquier persona jurídica si no hay conflicto de intereses, como pasó con la empresa de Luis Francisco y el Ayuntamiento de Béjar cuando estaba gobernado por el PSOE, sino que siendo concejal ya del PP en Navacarros, después alcalde de la ciudad textil y finalmente ya designado como asesor, la Diputación de Salamanca (también del PP) realizó múltiples contratos menores con sus empresas.
Contratos reiterados y de cuantías similares
La mayoría de esos contratos se formalizaron cuando Luis Francisco Martín pasó a ser teniente de alcalde del Ayuntamiento de Navacarros, como antesala para su fichaje como candidato a la alcaldía de Béjar por parte del PP, pero también aparecen en la Plataforma de Contratación Pública del Estado contratos con fechas que corresponden a cuando ya era alcalde de la ciudad textil y uno de ellos cuando ya había sido designado como asesor del PP en la Diputación.
Se trata de, al menos, 23 contratos que formalizó la Diputación de Salamanca con las dos empresas que están a nombre del todavía alcalde de Béjar, una de gestión de eventos culturales y otra de artículos de informática.
Con la primera de estas, La Salina cerró 19 contratos menores con diferentes importes que ascendían a un total de 17.345,03 euros, que sumados a los otros cuatro contratos menores con la empresa de informática (por importe total de 2.245 euros), la cifra completa se cerró en19.590,03 euros en contratos a dedo de 2021 a 2023.
Llama la atención que 12 de los contratos firmados con la empresa cultural ascienden exactamente a 743,80 euros, y están relacionados con actuaciones musicales durante fiestas patronales en distintos municipios, entre ellos Navacarros, donde Martín era teniente de alcalde en el momento de la contratación.
Los otros importes, corresponden en su mayoría a actuaciones musicales en otros municipios dentro de las ‘Noches de Cultura 2023’ de la Diputación de Salamanca. Son cuatro contratos por valor de 1.404,96 euros, cada uno de ellos, por actuaciones en los municipios de Miranda de Azán, Arabayona de Mógica, Arcediano y San Esteban de la Sierra.
Actuaciones que se llevaron a cabo en agosto y septiembre de 2023 cuando Luis Francisco Martín ya había tomado posesión como alcalde de Béjar y aunque todavía no lo había hecho como asesor de la Diputación de Salamanca, ya había sido designado en agosto para el cargo junto a otro personal eventual, como se puede comprobar en la publicación del BOP del 3 de octubre.
Un contrato firmado cuando había sido designado como asesor
El contrato que más ha llamado la atención es el relativo a la Feria Intur 2023, celebrado en noviembre, cuando ya se había hecho público el nombramiento de Luis Francisco Martín como coordinador del PP en la Diputación. El objeto del contrato fue la “instalación, configuración y programación del servidor interno del tótem digital” para dicha feria, con un plazo de ejecución de solo cuatro días. Aunque el contrato figura en la Plataforma de Contratación del Estado como acordado el 15 de noviembre, la feria comenzó el día 16, por lo que la adjudicación tuvo que cerrarse en los días previos a su inauguración, ya con Martín designado oficialmente como asesor y elegido muchos meses antes por Javier Iglesias (en agosto de 2023 ya se había realizado el decreto de nombramiento).
Un caso que pone a prueba los límites entre lo legal y lo ético
Aunque todos los contratos menores adjudicados a las empresas de Luis Francisco Martín podrían ajustarse a los márgenes legales establecidos por la normativa de contratación pública, el acumulado de adjudicaciones desde una misma institución y durante su progresiva escalada política dentro del mismo partido suscita un debate necesario sobre los mecanismos de control, la transparencia y la ética en la gestión pública.
Con el foco ahora sobre las relaciones entre cargos públicos y empresas vinculadas, el caso queda pendiente de una eventual revisión jurídica o política que determine si, más allá de la legalidad, existió un uso ventajoso de su posición institucional o un conflicto de intereses incompatible con la función pública.
