La Junta de Castilla y León ha anunciado que la próxima aprobará un plan autonómico que contempla la construcción de cerca de 600 viviendas en municipios rurales industrializados, con el objetivo de abordar la "tensión" en el mercado inmobiliario que dificulta el crecimiento de las empresas. Así lo ha señalado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, según recoge la Agencia Ical, durante el debate de una interpelación en el pleno de las Cortes, formulado por el procurador de Vox, Miguel Suárez Arca.
Este proyecto, que inicialmente preveía 250 viviendas con una inversión de 32 millones de euros, ha sido ampliado hasta las 500 o incluso 600 viviendas, con el fin de dar respuesta a la creciente demanda. El consejero también destacó que esta iniciativa contribuirá a mejorar la seguridad de los trabajadores al reducir la necesidad de desplazarse desde sus lugares de residencia hasta los municipios que al
Entre los municipios beneficiarios, Suárez-Quiñones citó algunos como Aguilar de Campo (Palencia), Guijuelo (Salamanca), Ólvega (Soria) y la Ribera del Duero, aunque destacó que la lista podría ampliarse en función de la demanda de viviendas en otras localidades. La previsión es que este proyecto, que forma parte de un programa más amplio de vivienda en la Comunidad, sea ejecutado con una inversión total de 903 millones de euros, provenientes de diversas fuentes, como los fondos europeos, los de la Junta y el Gobierno.
Además, el consejero explicó que la Junta está promoviendo entre 3.000 y 3.200 viviendas en la Comunidad, que incluyen las 1.000 viviendas con un descuento del 20% para jóvenes, así como otras iniciativas como el programa de 'cohousing' y el plan de rehabilitación de viviendas.
En cuanto a la construcción, se está apostando por la industrialización del proceso, con el uso de materiales como madera, hierro y hormigón, lo que permitirá reducir costos y agilizar la ejecución de las viviendas.
Por su parte, el procurador de Vox, Miguel Suárez Arca, criticó duramente el proyecto, acusando al PP y PSOE de llevar a cabo una política de "demolición" en cuanto a la vivienda y planteando un "viraje" en la legislación, con propuestas como la derogación de la actual ley de vivienda y medidas contra la ocupación ilegal. Además, propusieron rebajas fiscales y alquileres como soluciones temporales para los ciudadanos.
Con este plan, la Junta de Castilla y León espera incrementar el parque público de viviendas de 3.092 a 4.500 en los próximos años, consolidando su compromiso con la construcción y el desarrollo de infraestructuras en las zonas rurales industrializadas.
