El Catastro ha notificado a un total de39 municipios de la provincia de Salamanca diversas irregularidades detectadas tras la revisión realizada a lo largo de los últimos meses. Algunos de ellos, como Bogajo, Campillos de Azaba, Castra, Martiago, Sando, El Tejado o Villarino de los Aires, concluyen en marzo el Procedimiento de Regularización Catastral.
Los propietarios de los inmuebles censados en estos términos municipales ya han comenzado a recibir las notificaciones pertinentes procedentes de la Dirección del Catastro por la detección de obras y otras alteraciones no declaradas en sus inmuebles.
Los municipios en los que se han detectado irregularidades son Fuentes de Oñoro, Galindo y Perahuy, Ituero de Azaba, Larrodrigo, Martiago, Martín de Yeltes, Masueco, Monsagro, Narros de Matalayegua, Palacios del Arzobispo, Pelayos, Peñaranda de Bracamonte, Pitiegua, Puebla de Yeltes, Sando, sardón de los Frailes, Saucelle, Serradilla del Arroyo, Serradilla del Llano, El Tejado, Tremedal de Tormes, Vega de Tirados, Villar de Argañan, Villar de Ciervo, Villares de Yeltes y Villarino de los Aires, Ahigal de Villarino, La Alamedilla, Aldeadávila de la Ribera, Aldehuela de Yeltes, El Bodón, Bogajo, La Bouza, Cabezabellosa de la Calzada, Campillo de Azaba, Carpio de Azaba, Casafranca, Castraz y Cordovilla.
El motivo de dicha regularización se debe a la aplicación de la Disposición Adicional tercera del Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, con efectos desde el día 1 de enero de 2013. En dicha Disposición se regula incorporar al Catastro los inmuebles urbanos y rústicos con nuevas construcciones, así como las modificaciones de sus características en el caso de que no hayan sido declaradas, con el fin de lograr la concordancia de los datos de los bienes inmuebles que posee la Administración con la realidad.
A fecha de hoy se han revisado 89 municipios de los 184 dispuestos desde 2013 y es ahora cuando toca comunicar a través de una notificación enviada al domicilio del contribuyente las alteraciones detectadas y el nuevo valor catastral que propone la Administración.
Este procedimiento que se está llevando a cabo se establece por zonas y plazos y delimita su actuación a determinadas localidades que deben estar regularizadas en una fecha concreta. Por este motivo, los inmuebles ubicados en 56 municipios más, empezarán a recibir notificaciones de las irregularidades halladas por el Catastro a partir de julio y noviembre de 2016.
Modificaciones frecuentes
Las edificaciones que el Ministerio de Hacienda está rastreando con el fin que pretende esta regularización que entró en vigor en 2013 son, entre otras, la pequeña alberca del chalet que ha transformado en piscina, la zona del patio que se cubre para agrandar el salón, e incluso la nave del campo, calificada como construcción para los aperos de labranza, que se ha reformado de forma provechosa para convertirse en segunda vivienda.
Este plan tiene como objetivo sacar a la luz las variaciones inmobiliarias que se han llevado a cabo en los últimos años y que no han sido declaradas, hecho que ha provocado que los ciudadanos tributen menos en concepto de IBI. Esta medida que conlleva también a combatir el fraude fiscal servirá, además, para aumentar la recaudación en las arcas públicas ya que este exceso en el pago del IBI por parte de los ciudadanos irá a parar directamente a los ingresos que perciben los Ayuntamientos.
Reclamaciones
Según Clementina Caballero, directora de gestión de Impuestalia, empresa dedicada en exclusiva a la Optimización Impositiva de IBI´s y otros tributos asociados a la tenencia y transmisión de bienes inmuebles, se prevé que al menos en el 7 % de los inmuebles a los que el Catastro notifique un aumento de IBI por la nueva regularización, podrán existir errores. ?El contribuyente no debería conformarse con la resolución que reciba, pero la mayoría de las veces no se sabe a dónde acudir para comprobar estos datos. Lo ideal es revisar dicha documentación para estimar si es correcta, y poder contrastar así si los datos de la nueva valoración están acorde con los factores y circunstancias reales de nuestro inmueble?.
En términos económicos, el coste de esta regularización será una tasa de 60 euros por cada inmueble que se detecte, que se destinará a pagar los trámites administrativos que genere. Este importe se sumará al derivado del incremento por las construcciones o modificaciones no ingresadas en los años anteriores no prescritos.
La propuesta del Catastro no será firme hasta que no transcurra el plazo de 15 días hábiles para formular las alegaciones que los afectados consideren oportunas, presentando las pruebas que estimen pertinentes. En este plazo de tiempo, el pago de las liquidaciones complementarias quedará aplazado en previsión de un dictamen definitivo. Si finalmente la resolución es favorable, ese importe complementario será derogado o reducido.
