El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, afirmó este martes que la cobertura frente a incendios de Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca, debe ajustarse “de forma estricta” a la normativa, nacional y autonómica, que, según recordó, “exige una serie de requisitos que hacen que el modelo tenga que tener unos cambios, unas adaptaciones que se están produciendo”.
Suárez-Quiñones se refirió así a la polémica suscitada en la localidad salmantina, en declaraciones recogidas por Ical, después de que miembros de la plataforma ‘12 de Junio’ le hicieran entrega de un documento en el que le avanzan que recibirá “miles de firmas ciudadanas” pidiendo que se reactive la Asociación Humanitaria de Bomberos Voluntarios de Ciudad Rodrigo.
Cabe recordar que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Salamanca aceptó, en la fecha que da nombre al movimiento, el cese del contrato con la Diputación Provincial que regulaba el servicio, como medida cautelar tras una denuncia interpuesta por la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León.
“Lo primero es reconocer y agradecer la labor que han hecho históricamente, una labor extraordinaria de compromiso con Ciudad Rodrigo”, respondió el consejero en referencia a los bomberos voluntarios mirobrigenses, quien también agradeció “la colaboración y la acción importante de la Diputación Provincial de Salamanca, que es la que tiene la competencia en materia de extinción y prevención y salvamento contra incendios en la provincia, en el medio rural”.
Un área en la que la Junta de Castilla y León, según recordó, colabora con medios económicos. “Hemos concedido nada menos que 35 millones de euros en subvenciones a los distintos parques de bomberos y actividades policiales y ayuntamientos”, recordó, todo ello, con la idea de lograr lo que llamó “el objetivo”.
“El objetivo es que Ciudad Rodrigo tenga una adecuada cobertura ante el riesgo de incendios, y una adecuada cobertura que se ajuste de forma estricta a las condiciones que tiene que tener, en cuyo ámbito estas personas y este colectivo tendrán la participación máxima que la normativa permita”, concluyó al respecto.
