El Ayuntamiento de Aldeatejada ha celebrado en la tarde de este lunes su sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de marzo, marcada por la aprobación de nuevas normativas de convivencia animal y ajustes en la fiscalidad local.
Durante la sesión, Ángel Antúnez ha tomado posesión de su cargo como nuevo concejal de la corporación, ocupando el asiento de Cristina López, quien presentó su dimisión el pasado mes de febrero.
Uno de los puntos principales del orden del día ha sido la aprobación por unanimidad del nuevo Programa de Gestión de Colonias Felinas. Con esta medida, el Consistorio pretende dar continuidad al proceso de esterilización iniciado en el año 2022 mediante el convenio con una clínica veterinaria.
El plan apuesta por una gestión ética y sostenible que comenzará con un mapeo y censo de los ejemplares para planificar las esterilizaciones, las cuales incluirán marcaje auricular, desparasitación, vacunación e identificación mediante microchip.
En el marco de este programa, el Ayuntamiento ha regulado estrictamente la alimentación de los animales para garantizar la higiene urbana. Se ha creado la figura del "alimentador autorizado", que requiere una inscripción previa en el registro municipal o en la sede electrónica.
Estas personas deberán cumplir con requisitos específicos de formación y comprometerse a suministrar únicamente pienso seco, evitando el uso de sobras de comida que puedan generar suciedad o focos de infección. Asimismo, el documento establece protocolos claros para la gestión de posibles conflictos vecinales derivados de la presencia de estas colonias en el municipio.
En el apartado económico, el pleno ha aprobado, con la abstención del grupo socialista, una modificación de la ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El cambio responde a la necesidad de derogar las bonificaciones relativas a la instalación de sistemas de energía renovable no solares, como la aerotermia o la geotermia.
Según explicó la concejala de Economía, Patricia López, estas bonificaciones se aprobaron el año pasado bajo una cobertura legal que, al no ser convalidada posteriormente por el Congreso de los Diputados, ha perdido su vigencia. Ante la falta de una norma de rango de ley que ampare estas ayudas, el Consistorio se ha visto obligado a ajustar la ordenanza a la legalidad vigente.
